Ibiza, 20 feb (EFECOM).- El Consell de Ibiza y la plataforma de alojamientos turísticos Airbnb han firmado este jueves un protocolo “histórico” y "pionero" en España para retirar de forma ágil los anuncios de alojamientos “manifiestamente ilegales” o con expedientes iniciados que se publicitan a través de la web.
El acuerdo prevé que los anuncios de caravanas, tiendas de campaña, 'yurtas' y barcos, entre otros de "ilegalidad flagrante", serán retirados de forma inmediata de Airbnb ante la comunicación por parte del Consell de Ibiza, una fórmula por la que ya se han suprimido en los últimos 15 días 300 anuncios de la plataforma.
La otra novedad es que los anuncios se eliminarán ante la apertura de los expedientes, sin esperar a su conclusión, como establecía el convenio suscrito entre el Consell y Airbnb en 2020, una demora que provocaba importantes retrasos. La medida también irá acompañada del bloqueo del anunciante.
Ibiza ya tiene otro centenar de expedientes abiertos para pedir la retirada de viviendas vacacionales publicitadas en la plataforma y espera llegar a los 200 en las próximas semanas.
El presidente del Consell, Vicent Marí, y el director general de Airbnb para España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago, han suscrito el acuerdo, al que también se han sumado Asociación de Viviendas Turísticas de Ibiza (AVAT), la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF) y Fomento del Turismo de Ibiza.
“Airbnb ha elegido Ibiza como destino para aplicar esta nueva manera de tratar la lucha contra el intrusismo”, ha dicho Marí, que ha defendido que la isla es pequeña "en el ámbito administrativo" pero grande "en el mundo turístico”.
El director general de Airbnb para España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago, ha destacado que el acuerdo permitirá “agilizar los trámites” y “encontrar mecanismos” para retirar “aquello que está probado como no reglado”.
El directivo ha destacado que es “un paso más” en una colaboración de Airbnb con Ibiza, “seguramente será la más estrecha” que la plataforma tiene ahora mismo en España, y que espera que se sumen “otras autoridades locales”.
Sobre la reciente apertura de expedientes sancionadores a empresas que administran viviendas turísticas por prácticas engañosas, Rodríguez ha evitado pronunciarse alegando que desconoce el anuncio del Ministerio de Consumo.
También ha insistido en que Airbnb está en “completo desacuerdo” y recurrirá el expediente que Consumo le abrió en diciembre tras haberle solicitado que retirara miles de anuncios con publicidad “ilícita”.
Según ha insistido, el Ministerio ha seguido “una metodología indiscriminada e injustificada de anuncios que tenían licencia, que no la requerían y sobre los que no se probaron desajustes respecto a la regulación”.
“El Ministerio de Consumo se extralimitó en sus funciones, se arrogó unas competencias que están transferidas a las autoridades locales”, ha destacado Rodríguez de Santiago, quien ha insistido en que Airbnb “no es un proveedor de servicios de alojamiento, es un proveedor de servicios de internet”, por lo cual se le aplica una normativa concreta que cumple “plenamente”.
Sobre los 1.500 anuncios ilegales que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, comunicó en persona al Consell de Ibiza, y que suman 7.000 en Baleares, la administración insular ha señalado que los están analizado y que algunos están entre los 200 anuncios cuya retirada se pedirá en las próximas semanas. EFECOM
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