La Asociación de Damnificados Horta Sud de Valencia, que representa a más de un centenar de afectados por la dana, ha presentado este miércoles, cuando se cumplen tres meses de la catastrófica riada, una querella ante los juzgados de instrucción de València contra cinco miembros del Consell y contra el presidente de la Confederacion Hidrográfica del Júcar (CHJ) para depurar responsabilidades por "la inacción" de sus funciones. Además, pedirán la declaración como testigo del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
Así, lo han señalado en rueda de prensa el presidente de la Asociación de Damnificados Horta Sud Valencia, Cristian Lesaec, y Manuel Hernández, el CEO de Vilches Abogados, que ejerce la defensa de afectados en el que es el segundo desastre asociado a un fenómeno natural en la historia de España, que ha causado 224 fallecidos y tres desparecidos.
En concreto, la querella se presenta contra la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas; responsable de Emergencias durante la dana y el entonces el secretario autonómico de Seguridad y emergencias, Emilio Argüeso; así como el director general de Emergencias, Alberto Javier Martín; el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE); la jefa del servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, y el presidente de la CHJ, Miguel Polo.
Les acusan de los presuntos delitos de homicidio imprudente, delito de lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y delito de omisión del deber de socorro por la "inacción" de sus funciones en la toma de decisiones para proteger la vida de los ciudadanos.
Al respecto, el presidente de esta asociación --que reúne a 340 socios de los que un centenar suscrito la querella--, ha recalcado: "No podemos dejar que los responsables de esta gestión no respondan ante la justicia por esta gestión tan nefasta porque tenemos la sensación que el poder legislativo no ha respondido". "La lucha va a ser larga, pero esto no puede quedar así, los responsables deben pagar por ello", ha recalcado.
La querella, de 67 páginas, va acompañada de una investigación cronológica en la que se recoge que "de haberse activado el sistema ES-Alert en el momento oportuno no se habría producido la magnitud que tuvo la tragedia" ya que la información aportada "demostraría que a las 15 horas los querellados ya contaban con datos suficientes para haberlo activado" y, sin embargo, por razones que "se desconocen y no se han explicado" la alerta "no se envió hasta las 20.11 horas", cuando el caudal del barranco de el Poyo y el río Magro estaban "ya completamente desbordados".
Asimismo, se hace un recorrido individual sobre las funciones y obligaciones que los querellados tenían y sobre "las decisiones que no tomaron".
(Habrá ampliación)
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