Madrid, 29 ene (EFE).- La Fiscalía ha informado al juez del Tribunal Supremo que no puede decirle si el móvil de fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido formateado porque la unidad de informática no ha recibido ningún terminal de su parte.
El pasado día 22, el magistrado Ángel Hurtado pidió al departamento de informática de la Fiscalía General que informe de las veces que el fiscal general ha cambiado de móvil, con indicación de los datos de referencia de cada terminal
Y que remita los dispositivos móviles entregados por García Ortiz desde el 7 de marzo; e informe sobre si los anteriores dispositivos han sido formateados; y, en caso afirmativo, identidad de la persona que haya procedido al formateo, fecha y software utilizado.
En respuesta a la petición del juez, el jefe de Sección de Informática de la Fiscalía General ha remitido un informe, al que ha tenido acceso EFE, en el que señala que el 24 de mayo se entregó un dispositivo móvil a García Ortiz.
Pero precisa que no disponen del IMEI (identificador) "porque es una información que no se registra en la aplicación de gestión interna, al no ser de utilidad a los efectos de entrega de móviles".
Ahora bien, asegura que "no consta la recepción de dispositivo móvil alguno desde la fecha que indica el juez ni que haya sido solicitada su devolución por la oficina de móviles".
Con base en ello, deja claro que "esta sección no dispone de la información solicitada en cuanto al formateo del dispositivo", es decir, que como no ha recibido ningún móvil no puede saber si se ha formateado.
El magistrado acordó esta diligencia después de que la UCO no hallara mensaje alguno en el terminal de García Ortiz, quien cambió de móvil y borró todos los mensajes del anterior el 23 de octubre, una semana después de que el magistrado abriera causa contra él.
Precisamente, en su declaración de este miércoles ha explicado que desde que está en la Fiscalía General ha cambiado seis veces de dispositivos móviles en los últimos cuatro años.
También ha señalado que habitualmente borra contenido del móvil por seguridad y por ser una obligación legal, al tener información sensible que afecta a multitud de investigaciones, además de información de carácter personal. EFE
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