El riesgo de suicidio crece un 7% en personas privadas de libertad, según el Govern catalán

La secretaria de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la víctima de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática, Elena Pérez, ha lamentado que el riesgo de suicidio crece entre un 6 o 7% entre personas privadas de libertad --presos-- comparado con la ciudadanía en general.

Así lo ha dicho este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Justicia y Calidad Democrática en el Parlament de Catalunya para informar sobre los suicidios en prisiones y la nueva circular 2/2024 que prohíbe a presos condenados por delitos de sangre trabajar en las cocinas, entre otros.

"Somos muy conscientes de que la problemática del suicidio es una lacra de carácter social, pero no sólo en prisiones, desgraciadamente en toda la sociedad", ha dicho, pero ha asegurado que la tasa es más elevada entre la población interna por su situación.

Entre 2014 y 2016 se registraron 7 suicidios en prisiones catalanas; 8, en 2017; 9, en 2018; 7, en 2019; 11, en 2020 y en 2021; 14, en 2022; 6, en 2023, y 11, en 2024: "El año pasado hubo otro repunte que se situaba en las mismas tasas que en 2021 y 2022".

PLAN DE CHOQUE

En 2024 se produjeron 4 suicidios en un periodo corto de tiempo (septiembre-octubre), hecho que "alertó al departamento y se diseñó un plan de choque junto a la Conselleria de Salud" que ya está en marcha.

Este plan de choque es fruto del análisis de los suicidios de años anteriores y de foros de intercambios de opiniones de técnicas de cada centro penitenciario para analizar los casos, las ratios de detección y las activaciones.

Pérez ha explicado que otro eje de actuación para disminuir los suicidios es mejorar las actividades de sensibilización y las medidas de formación: "Hay factores imprevisibles que son los que se tienen que detectar para hacer que una intervención sea fuerte y eficaz".

Además, se ha involucrado a otras personas internas que conviven con los presos con riesgo de suicidio para que alerten cuando vean una situación de riesgo.

"El suicidio es un signo de desesperanza y tiene consecuencias de desequilibrio familiar y institucional. Es importante evitar el aislamiento en personas con este riesgo", ha sostenido Pérez.

Además, se ha mostrado esperanzada en que desde que se incorporó el plan de choque se ha contenido el número de suicidios: "A día de hoy no hemos vuelto a tener. Evitar un suicidio es una nueva oportunidad de vida".

CIRCULAR 2/2024

Sobre la circular 2/2024, sobre el procedimiento de acceso, suspensión y extinción de la relación laboral especial penitenciaria en prisiones catalanas que prohíbe el acceso a presos condenados por delitos de sangre en lugares como la cocina, ha explicado que se inició a raíz de la muerte de Núria López, la cocinera de Mas d'Enric a manos de un preso en marzo del año pasado.

"Se realizó un análisis cuidadoso de medidas para preservar el acceso al trabajo como derecho y deber de los internos, y para adoptar medidas para preservar la seguridad en los centros penitenciarios y, fruto de la reflexión, se hizo la circular", ha afirmado Pérez.

Ha explicado que la circular está en "periodo de adaptación para garantizar la aplicación uniforme y coherente" y que en los próximos meses se valorará el impacto y se adaptarán las medidas necesarias siempre que sean compatibles con la seguridad, en sus palabras.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

Los diputados Francesc de Dalmases e Isaac Padrós (Junts) han expresado que la muerte de Núria López es una situación "compleja y dramática" y han asegurado que apuestan para reconocer como autoridad a los funcionarios de prisiones, además de preservar el modelo catalán de los centros penitenciarios y seguir apostando por la reinserción.

Por parte de ERC, la diputada Ana Balsera ha asegurado que el modelo catalán en las prisiones es un modelo "reconocido" a nivel europeo, y ha lamentado que apartar a los internos según de qué tareas no es la solución, ya que tienen que tener herramientas para cuando se reinserten, en sus palabras.

El diputado Alberto Villagrasa (PP) ha destacado textualmente que las contenciones mecánicas no son un capricho, se hacen por necesidad, y ha manifestado que los bloqueos a prisiones catalanas tras la muerte de Núria López fueron porque la gente estaba harta: "No lo justifico, pero lo comprendo, el hartazgo tiene un límite y el hartazgo llega cuando muere una persona".

Por su parte, Sergio Macián (Vox) ha relatado el abandono institucional hacia los funcionarios tras la muerte de la cocinera, y ha tachado de desastrosas las políticas de la Conselleria de Justicia de la legislatura pasada y de la actual.

Además, Andrés García Berrio (comuns) ha sostenido que el crimen de Núria López fue muy grave y se tiene que reparar la situación: "Parte de la reparación tiene que ver con garantías de no repetición".

La diputada Pilar Castillejo (CUP) ha manifestado que el asesinato de Núria "es un hecho que no tiene precedentes en 40 años", y ha defendido la ampliación de las plantillas de funcionarios y reforzar los equipos.

Por parte de PSC-Units, Lidia Ferré, ha asegurado que las protestas a raíz del crimen de la cocinera alteraron el funcionamiento de las prisiones, y ha entendido que la respuesta del departamento fue la "adecuada" para priorizar la seguridad de los funcionarios y los presos.