Sagrario Ortega
Madrid, 23 dic (EFE).- Se acercan los Reyes Magos y muchos españoles comprarán un regalo especial: un perro. Pero ¡ojo!, no olviden pedir la documentación que certifique el origen del animal y, si procede de fuera de España, el pasaporte que constate que ya se le ha puesto la vacuna antirrábica. En suma, comprobar que no procede del tráfico ilegal de mascotas, una actividad en auge.
En auge y golosa, porque por cada animal las organizaciones delictivas pueden conseguir beneficios de cientos de euros. Y es que esas redes compran los cachorros, fundamentalmente en países del Este de Europa, a un precio de 150 euros y los venden en España a 1.000 o más. Por poner solo un ejemplo.
Que hay redes dedicadas a esto quedó patente en octubre del año pasado cuando se dio a conocer una operación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona en la que se detuvo a trece personas y se rescató a más de 400 animales -370 perros y 51 gatos-.
Procedían en su mayoría de países del Este y llegaban a España en transporte por carretera, con recorridos de más de 2.000 kilómetros en condiciones insalubres.
Fue una de las operaciones más importantes contra este tráfico, pero el Seprona de la Guardia Civil sigue controlando esta actividad, como explica a EFE el capitán Sergio Martínez, del Grupo de Investigación Medioambiental 1 (GIMA1) de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de esa unidad del instituto armado.
Precisamente, el Seprona trabaja en los proyectos del EMPACT, la plataforma europea multidisciplinar contra las amenazas criminales, y, de hecho, dirige una acción operativa para la lucha contra el tráfico de animales de compañía (especialmente perros y gatos).
"Se trata de una materia en auge por la creciente sensibilización social, así como por el interés de la ciudadanía en la adquisición de estas mascotas", subrayan a EFE fuentes del Seprona.
El capitán Martínez precisa que los perros procedentes de ese tráfico ilegal llegan a España desde países de Este, como Rumanía, Bulgaria, Hungría o Eslovaquia. Allí los crían en condiciones malas y los trasladan hasta nuestro país en furgonetas adaptadas, con entre 15 ó 20 animales. A veces más.
Controladas por organizaciones dedicadas a esta actividad, el transporte no suele declararse.
El Seprona ha detectado también viajeros que han traído hasta cinco cachorros en avión, el número máximo que permiten las compañías. Su destino también era la venta ilegal.
Reconoce el capitán que el control del transporte por carretera es difícil dentro de Europa por la libre circulación de mercancías, pero aún así, y gracias al intercambio de información policial y labores de inteligencia, se han podido interceptar algunas furgonetas.
De todos modos, los agentes de la Guardia Civil realizan controles periódicos en establecimientos de venta de animales, en criaderos o en ferias. También ponen el ojo en la red, porque aunque la venta directa por Internet está prohibida en la reciente ley de Protección Animal, sí se puede anunciar.
Según la normativa, un perro debe tener como mínimo doce semanas de vida para ser vacunado contra la rabia, algo obligatorio. Una vez vacunado, deben pasar otras tres semanas para que esa vacuna sea válida.
Pero como los compradores demandan cachorros lo más pequeños posible, estas organizaciones los vacunan antes de tiempo o no los vacunan y los exportan así a España.
El capitán hace hincapié en la necesidad de que los compradores pidan en las tiendas toda la documentación relacionada con el perro, desde la que certifique su origen hasta el pasaporte, con la firma del veterinario y el sello de la vacuna antirrábica.
Y es que la fata de documentación sanitaria y legal del perro, que este no lleve microchip u otra identificación o que su precio esté muy por debajo del mercado regular son indicios a tener en cuenta por el consumidor para sospechar de su procedencia ilícita. EFE
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 5031390, 1282530 y otros)
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