La portavoz adjunta del PP en Les Corts Laura Chulià ha asegurado que tanto el grupo 'popular' como el PPCV "respetan" la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de inadmitir las tres querellas y las cuatro denuncias interpuestas contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana.
Así ha valorado el auto que ha dictado el Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV en el que inadmite las querellas y denuncia. La decisión llega días después de que Fiscalía informara a favor de que se abra una investigación sobre la gestión de la dana, pero entendiendo que la causa debe seguir en un juzgado ordinario hasta ver si hay indicios "fundados".
"Como siempre hemos dicho, desde el PP vamos a estar siempre a disposición de las instituciones judiciales, defendiendo la independencia de los poderes y de los jueces y, por supuesto, al igual que hemos hecho en otras ocasiones, vamos a respetar las decisiones de los tribunales", ha manifestado la diputada 'popular' a preguntas de los periodistas tras la junta de síndics.
Además, ha defendido que "no es momento de buscar crispación ni tacticismo político, como estamos viendo por desgracia en la oposición, sino de dar soluciones y arrimar el hombro que es lo que pide la gente a pie de calle".
Las querellas y/o denuncias presentadas por Iustitia Europa, cuatro de particulares, una de la CGT PV y otra de FETAP-CGT van dirigidas contra Mazón, cuatro de ellas de forma exclusiva contra el 'president' (Iustitia Europa, CGT y dos particulares). Otras dos apuntan también a la exconsellera responsable de Emergencias Salomé Pradas, cesada tras la dana, mientras que la de la FETAP-CGT se dirige también contra el director general de Emergencias, Alberto Javier Martín y contra el exsecretario autonómico Emilio Argüeso.
En el auto fechado este lunes, la Sala --que ya había acumulado mediante una providencia esas denuncias y querellas en una misma causa-- aplica en su resolución la jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual se exige la presencia de "indicios cualificados contra personas aforadas para no sustraer las investigaciones de su ámbito primario natural".
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