Madrid, 10 dic (EFE).- El proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, aprobado este martes por el Gobierno, endurece las medidas encaminadas a evitar la deslocalización de las empresas industriales, especialmente de las que han recibido ayudas públicas, en aras a blindar las capacidades y el empleo de estos sectores.
Como novedad, las empresas que hayan recibido subvenciones públicas superiores a los tres millones de euros (en el anteproyecto se hablaba de seis millones) en los últimos cinco años tendrán que mantener la actividad durante el periodo que establece la Ley, una iniciativa que desde Sumar se atribuye al empeño de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha insistido en que el texto aportará "modernización, seguridad, certidumbre y nuevos instrumentos de apoyo" al sector.
"Tiene como objetivo la reindustrialización, generar oportunidades de equidad social y territorial, garantizar autonomía estratégica, la atracción de nuevas inversiones industriales a España, el impulso de la innovación y la competitividad, la descarbonización de la industria y la transición digital", ha señalado.
Igualmente importante es el papel que otorga a la protección de las industrias ya existentes. De este modo, cualquier empresa que quiera finalizar su actividad tendrá que anunciarlo con nueve meses de antelación al Gobierno.
A continuación, se establecerá una mesa para la reindustrialización donde estarán la compañía, el Ministerio, las comunidades autónomas y los sindicatos para revertir la decisión o asegurar todas las opciones posibles para el mantenimiento de las capacidades industriales.
En opinión de la ministra portavoz, Pilar Alegría, el nuevo articulado es, prácticamente, un "cambio de paradigma" si se compara con el vigente, de 1992. "Hemos conseguido, después de mucho debate y diálogo, esta nueva Ley de Industria para nuestro país", ha celebrado.
Por su parte, desde Sumar aseguran que el texto, que próximamente emprenderá su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, incorpora las iniciativas de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo para evitar la deslocalización de las industrias.
"Tras una larga negociación, el proyecto (...) incluirá las medidas que venía proponiendo Sumar ante la resistencia del socio de Gobierno", apuntan estas fuentes, que recalcan que la colaboración público-privada en España estará condicionada siempre a criterios como el mantenimiento del empleo o la responsabilidad medioambiental.
Para Sumar, la futura Ley de Industria pone "trabas decisivas" a la deslocalización ya que, por un lado, establece que quien se va fuera del espacio económico europeo tiene que devolver el 100 % de las ayudas públicas recibidas.
Por otro, dicen, porque, en ningún caso una deslocalización puede ser la justificación para un despido, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o un descuelgue de un convenio. EFE
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