Barcelona, 9 dic (EFE).- El alcalde de Badalona (Barcelona), el popular Xavier García Albiol, se ha desmarcado de las presuntas irregularidades en la instalación de unas antenas de telefonía que lo han llevado a juicio, argumentado que al frente de un municipio con 220.000 habitantes es "ajeno" a ese tipo de trámites.
En la sección quinta de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado este lunes el juicio contra el alcalde popular, para quien la Fiscalía pide dos años y diez meses de prisión y otros diez de inhabilitación por un delito de prevaricación por permitir la instalación de unas antenas de telefonía móvil en una finca de la Guardia Urbana de Badalona reservada para uso cultural en 2012, sin las preceptivas licencias.
Junto al alcalde, se sientan en el banquillo quien fuera su exconcejal de Seguridad Miguel Jurado, ahora regidor popular en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), y dos exgerentes del Ayuntamiento, así como a las empresas Vodafone y Movistar, como responsables civiles a título lucrativo.
La Fiscalía acusa también a Oriol Lladó, ex primer teniente de alcaldía de ERC durante el mandato de Dolors Sabater -que en 2015 sucedió a García Albiol en el cargo-, por seguir permitiendo la actividad de las antenas de telefonía sin permiso, y a quien fuera su exjefe de servicio de licencias y servicios jurídicos.
A su entrada en la Audiencia de Barcelona, García Albiol ha celebrado ante los periodistas que el caso haya llegado a juicio porque "de una vez por todas se pondrá en evidencia lo que pasó y lo que no pasó. Y a partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones", ha añadido.
La vista ha comenzado este lunes con el trámite de cuestiones previas, en el que Cristóbal Martell, abogado del alcalde, ha entregado al tribunal un documento notarial con el que pretende acreditar que entre los años 2011 y 2012 no existía el "clamor abrumador" actual sobre la instalación de antenas de telefonía sin haber superado los trámites preceptivos.
Otro de los documentos notariales que Martell ha puesto sobre la mesa busca dar sustento a su línea de defensa, basada en que el García Albiol no tuvo participación alguna en los trámites relacionados con la instalación de las antena de telefonía dado que sus ocupaciones como alcalde le mantenían al margen de los asuntos de menor entidad.
El documento esgrimido por Martell deja constancia del número de habitantes de Badalona y de la cantidad de funcionarios que trabajan en el consistorio con el fin de acreditar, en palabras del abogado, que "en un Ayuntamiento con 220.000 almas y con 1.000 funcionarios hay determinados extremos que son ajenos, naturalmente, a la alcaldía".
Una tesis de la que discrepa la Fiscalía, que sostiene que García Albiol contribuyó "de manera eficaz" a que las empresas de telefonía instalaran sus antenas en el Turó d'en Caritg, junto a una comisaría de la Guardia Urbana y en unos terrenos reservados para equipamiento cultural, donde permanecieron desde 2012 hasta que se desmontaron en 2018.
En concreto, razona el ministerio público que el alcalde era el presidente de la sociedad municipal ENGESTUR, competente en la cuestión, y asumió directamente las competencias de urbanismo, por lo que fue quien autorizó "por la vía de hecho" la instalación de las antenas "como máximo responsable del correcto funcionamiento" del consistorio.
Tanto el abogado de García Albiol como el resto de defensas han pedido al tribunal que permita que los acusados declaren en el último lugar, una vez lo hagan los testigos y se expongan las pruebas periciales, en vez de en la primera sesión, como estaba previsto.
El tribunal ha aceptado la petición de los abogados, por lo que el juicio se reanudará mañana con las declaraciones de los mossos d'esquadra que investigaron el caso. EFE
(vídeo) (foto)
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