Una pericial de Mossos corrobora el espionaje con Pegasus a tres exdirigentes de la ANC

Una pericial de los Mossos d'Esquadra ha confirmado el espionaje con el 'software' Pegasus, de la empresa israelí NSO group, de los móviles de dos expresidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez y Elisenda Paluzie, y a la exmiembro del secretariado, Sònia Urpí, entre 2015 y 2020.

Así lo han manifestado este miércoles tras comparecer los tres querellantes en el Juzgado de Instrucción 23 en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, donde Sànchez ha dicho que el informe de Mossos "confirma que 3 personas han sido víctimas del programario Pegasus" y que, además, corrobora las periciales elaboradas por Citizen Lab y Amnistía Internacional que ya fueron aportadas en el pasado a este juzgado.

Sànchez considera que esta nueva pericial "corrobora, de manera inequívoca, que hubo una utilización voluntariamente maliciosa para vulnerar los derechos políticos y las libertades individuales y en parte colectivas".

Por eso, piden saber si estas actuaciones estuvieron autorizadas por algún juez y, en caso de que lo fuesen, con qué argumentos y proporcionalidad se pueden justificar el uso del 'spyware', cuya utilización interpretan como una "persecución contra unas determinadas ideas y particularmente contra unas determinadas personas por defender un proyecto político determinado".

Sànchez ha añadido que su caso no es particular, puesto que hay 65 personas identificadas como afectadas, según las periciales de Citizen Lab, y que podrían ser centenares, y ha avanzado que "si hace falta llegarán a los tribunales europeos para defender la verdad sobre el espionaje político protagonizado por los cuerpos policiales del Estado español".

HUBO EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN

Sànchez ha manifestado que sufrió un total de 26 ataques, según la pericial de Citizen Lab y de Amnistía Internacional, de los cuales el informe pericial de los Mossos d'Esquadra corroboran 19 intrusiones documentadas entre septiembre de 2015 y julio de 2020, estas últimas cuando estaba disfrutando de un permiso penitenciario.

"La mayor parte de ataques se concentran entre septiembre de 2015 y el 13 de octubre de 2017, dos días antes de la prisión preventiva", ha dicho Sànchez sobre su caso, momento en el que era presidente de la ANC y ha añadido que entre septiembre de 2017 y octubre de 2017 hubo, con toda probabilidad, extracción de información.

Paluzie ha dicho que ella recibió un total de 4 ataques, según la pericial de Mossos que analizó dos de los móviles que usó en aquella época: en el primero se hallaron dos SMS de este 'spyware', el primero de agosto de 2019, anterior a la sentencia del 'procés', y el segundo del 29 de octubre de 2019 y que usaba con vector 'cero clic', lo que significa que ella, como usuaria, no tenía que hacer ninguna acción para que se produjese la infección.

En el segundo móvil se localizaron otros dos SMS de marzo y junio de 2020, coincidiendo este último con la fecha en la que se celebraba la votación electrónica al secretariado de la Asamblea en la que se presentaba la reelección y que se titulaba 'Elecciones ANC'; en ambos casos, accedió a los links creyendo que eran noticias.

Paluzie ha denunciado que el "espionaje intrusivo afecta a todo el movimiento independentista catalán y por extensión a toda la ciudadanía de Cataluña porque puede tener un efecto disuasorio sobre el activismo y la movilización ciudadana".

Sònia Urpí ha dicho que recibió dos ataques en junio de 2020: "En aquel momento a mí me habían elegido como secretaria nacional de la Asamblea".

Todos ellos han aclarado que tenían un único terminal que usaban para la vida personal, profesional y para el activismo político y que muchos de los afectados nunca sabrán que fueron espiados porque han cambiado de móvil, por lo que no se conservan evidencias de estos ataques "generalizados y masivos", según Sànchez.

Por su parte, el actual miembro del Secretariado, Josep Cruanyes, que ha acompañado a los querellantes, ha expresado que la entidad les dará apoyo de todo tipo, tanto económico como logístico, porque es una cuestión que les implica, una situación "gravísima que ataca directamente a la libertad de expresión y al derecho de pensar lo que sea y de difundir estas ideas como sea y de hacerlo en asociaciones".

COMISIÓN ROGATORIA A ISRAEL

Los querellantes piden a la jueza que investigue a quién vendió la empresa NSO Group este programa, que cuenta, en palabras de Sànchez, con un código que establece que sólo son los Estados y los cuerpos policiales y de seguridad pueden ser usuarios y compradores, por lo que creen que detrás de este caso de presunto espionaje está el Estado o un organismo cercano que lo ha usado de forma ilegal: "Lo que pedimos es saber quién ordenó el espionaje".

Paluzie ha insistido en que se han vulnerado sus "derechos fundamentales a la intimidad y privacidad, pero también de asociación y de expresión" y ha recordado que pidieron conocer la autorización judicial del juez del Supremo ordenada por el CNI y que compareciera la directora, una diligencia que no se ha practicado.

Sin embargo la jueza ha aceptado, dos años y medio después de presentarse la querella, una comisión rogatoria a Israel y ha emitido una orden internacional a Luxemburgo para conocer la información del la venta de este programa en Europa.