Madrid, 19 nov (EFECOM).- Un tribunal federal del distrito de Columbia (EE.UU.) ha fallado en contra de España y ha acordado que debe pagar 36 millones de dólares (unos 34 millones de euros) a la compañía japonesa JGC a consecuencia del recorte a las primas a las renovables.
Se trata de las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.
Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.
En este caso, JGC solicitaba una compensación de 23,51 millones de euros, además de los intereses de demora derivados de cualquier retraso en el pago y el reembolso de los costos legales del proceso, por dos plantas termosolares ubicadas en Andalucía.
En el fallo del magistrado Rudolph Conteras -fechado el pasado 15 de noviembre y al que ha tenido acceso Efe- se especifica que el laudo arbitral emitido el 9 de noviembre de 2021 por el Ciadi "se cumpla en los tribunales estadounidenses del mismo modo que si estuviésemos hablando de una sentencia final emitida por cualquier magistratura de nuestro país".
De este modo, ordena que se reconozcan al litigante "obligaciones que ascienden a 36.099.289 dólares, cifra a la que se sumarán los intereses de demora".
JGC Corporation, corporación japonesa con sede en Yokohama, inició su reclamación contra España en 2015, en la que reclamaba 93,5 millones de euros (108,6 millones de dólares); el Ciadi le reconoció en noviembre de 2021 una indemnización de 23,5 millones de euros (27,2 millones de dólares).
Ahora, al registrar el laudo como una sentencia propia de Estados Unidos, la magistratura norteamericana reconoce una obligación de pago de 36 millones de dólares, cantidad que recoge la suma de la sentencia original, pero también los intereses de demora generados por la estrategia de impagar los laudos.
En la práctica, el monto total pendiente de pago se ha incrementado en más de 10 millones de euros, un 53,6 % más que en el momento en que se publicó el laudo original.
En total se han emitido 25 laudos que condenan a España a indemnizar a las empresas afectadas con 1.562 millones de euros, cifra a la que hay que sumar 326 millones en concepto de sobrecostes judiciales y financieros, condenas en costas, intereses de demora o la contratación de consultores y abogados por parte de la Abogacía del Estado. EFECOM
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