Madrid, 14 nov (EFE).- El Congreso tiene previsto aprobar este jueves el proyecto de ley de eficiencia judicial, que reforma la planta judicial, desarrolla aspectos de la ley del solo sí es sí y da un plazo de nueve meses para que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asuman las competencias en violencia sexual, además de eliminar la golden visa.
El texto llega al pleno del Congreso después de introducir 106 enmiendas transaccionales -los grupos habían presentado 1.100 enmiendas- y tras el acuerdo de la Comisión de Justicia de renunciar a abordar los aspectos relacionados con las acciones colectivas en defensa de los consumidores que inicialmente contemplaba la norma salida del Consejo de Ministros.
La Comisión de Justicia dio luz verde el pasado 4 de noviembre al informe de ponencia sobre el proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia con los votos en contra de Vox y PP, cuyo diputado Fernando de Rosa denunció entonces que se trataba de un texto "cuajado de enmiendas intrusas".
Frente a esta postura, desde el PSOE el diputado Francisco Aranda destacó el gran consenso logrado entre los grupos parlamentarios que mostraron su apoyo a una ley que calificó de "muy necesaria y demandada por el sector": "Una ley valiente que cambia el paradigma de la planta judicial".
Por su parte, el sindicato CCOO ha solicitado a los diputados que voten en contra del proyecto de ley o, en su defecto, apoyen las enmiendas presentadas por Sumar, ya que considera que las modificaciones organizativas en lo relativo a la oficina judicial "son absolutamente innecesarias y deterioran aún más los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la Administración de Justicia".
Durante su debate en el Congreso, Podemos ha acordado con el Gobierno introducir en esta ley varias medidas para garantizar el acceso a la Justicia de las víctimas de violencias sexuales, en cumplimiento de la ley solo sí el sí.
Así, se establece un plazo de nueve meses para que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer asuman las competencias en violencia sexual.
En el marco de esta ley, Podemos ha acordado con el Ministerio de Justicia poner en marcha la garantía de la justicia gratuita a todas las víctimas de violencia sexual, tal y como mandata la ley de garantía integral de la libertad sexual.
El texto incluye asimismo la especialización de los juzgados y jueces en violencia contra la infancia y la adolescencia.
Otro aspecto que cambia respecto al texto original es el mantenimiento de los Juzgados de Paz. Durante su paso por la Comisión de Justicia, el PSOE llegó a un acuerdo con ERC y Junts para mantener esta figura, que para sus socios de gobierno suponía una línea roja.
La ley inicialmente contemplaba una reforma organizativa de la Justicia que implicaba la creación de los tribunales de instancia para sustituir a los juzgados unipersonales. Al mismo tiempo, establecía la creación de oficinas de Justicia en los municipios que reemplazarían a los actuales Juzgados de Paz que existen en todas las localidades de España.
El texto que sale de la ponencia mantiene la figura histórica del Juez de Paz y sus competencias.
Entre las enmiendas, también se ha incluido una del PSOE que busca eliminar todas las 'golden visa' o 'visados dorados'. Se modifica así la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización proponiendo la derogación de los artículos 63; 64; 65; 66 y 67, que hacen referencia a los visados de residencia para inversores.
De esta manera quedarían suprimidos los visados y autorizaciones por la adquisición de inmuebles e inversiones en depósitos bancarios, deuda pública, acciones, fondos de inversión y proyectos empresariales de interés general.
Esta norma también ha servido para corregir el error en la Ley de Paridad que supone la desaparición de la protección de los trabajadores que se acogen a permisos o adaptación de jornada por cuidados.
A través de otra enmienda pactada entre los grupos, se corrige el error técnico en la Ley de Paridad, impulsada por el Ministerio de Igualdad y que entró en vigo el pasado 22 de agosto, que ha acabado con la protección reforzada de las personas trabajadoras que se acogen a permisos o adaptación de jornada por cuidados.
Sobre lo que no hay aún consenso es para aportar soluciones a la situación de miles de abogados y procuradores que han cotizado durante años en las mutualidades para obtener una pensión, siguiendo la normativa establecida por la Seguridad Social, y que ahora llegan a la jubilación con pensiones que pueden situarse incluso por debajo de las no contributivas. EFE
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