Compromís ha presentado una proposición no de ley (PNL) en Les Corts Valencianes que pide paralizar la tramitación parlamentaria del anteproyecto de ley de protección y ordenación de la costa y la modificación de las leyes de Huerta y de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), así como de todos aquellos instrumentos legislativos que sometan el territorio valenciano a una "desprotección ambiental innecesaria".
Asimismo, plantea revertir "los aspectos más nocivos" de la Ley de Simplificación Administrativa, recuperar el carácter vinculante de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y completar la estructura y mantener el presupuesto previsto de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio para "velar por el cumplimiento de la legalidad en el suelo no urbanizable".
La iniciativa insta al Consell a mantener la vigencia del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) y a favorecer, a través de las modificaciones legislativas necesarias, la revisión de todos los Programas de Actuación Integrada (PAI) que no cuenten con informe sobre la aplicación de las determinaciones de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y revisar de oficio la legalidad/vigencia/corrección de los permisos hídricos correspondientes.
Con esta PNL, Compromís pretende que Les Corts muestren su "compromiso con la defensa del territorio" y su rechazo a las prácticas urbanísticas que suponen "una mayor permisividad edificatoria, una reducción de los controles y de las garantías de sostenibilidad ambiental y económica, y un aumento de los efectos negativos hacia los ecosistemas y las personas".
En la exposición de motivos, la iniciativa subraya que en la Comunitat Valenciana, que cuenta con 400 millones de m2 de suelo urbanizable y 50 millones de suelo urbano no construido, "nunca en la historia europea se había hecho un uso tan extremo y devastador del territorio como el que se produjo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, y que tanto mal ocasionó a las familias y la economía valenciana y española".
En aquel momento, recuerda, "el constante auge inmobiliario favoreció un urbanismo totalmente desatado de su finalidad social, y, por lo tanto, de la necesaria subordinación al interés general, para convertirse en un negocio en gran parte vinculado a la especulación". En este punto, advierte de que la actual "crisis de emergencia habitacional está sirviendo como pretexto para llevar adelante sendas modificaciones legislativas que, lejos de representar una solución a la problemática de acceso a la vivienda, están poniendo en bandeja el camino para avanzar hacia nuevos desarrollos urbanísticos de carácter especulativo".
En este punto, valora que aunque "la presión ciudadana de las últimas décadas contra las políticas depredadoras del territorio han permitido salvaguardar muchos activos medioambientales, a estas alturas el territorio valenciano vuelve a estar amenazado en un contexto donde hay que añadirle la emergencia climática".
NO ES LA OPCIÓN "MÁS ADECUADA NI PRUDENTE"
Por todo ello, argumenta que la "modificación profunda" de la LOTUP planteada por el Consell "se aleja de los objetivos de adaptación al cambio climático y de la clara priorización del interés general sobre el particular". Además, denuncia que la agilización y la simplificación "parecen estar por encima de la sostenibilidad y la resiliencia".
Así, argumenta que la propuesta de reducir la superficie de costa protegida y "flexibilizar los crecimientos" para permitir construir "no parece ser la opción más adecuada ni prudente, tampoco para ayudar a reducir la gran problemática de acceso a la vivienda que sufre gran parte de la población a estas alturas".
De hecho, considera que la propuesta del Consell trata de "avanzar hacia un despropósito ambiental, despilfarrar los escasos recursos hídricos y los intentos de establecer de nuevo las bases de proyecciones urbanísticas especulativas que tanto de mal ambiental y de reputación causaron en décadas pasadas".
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