Madrid, 23 oct (EFE).- El balance de gestión que ha ofrecido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ante el pleno del Congreso de los Diputados, no ha convencido ni a los partidos que dan apoyo al Gobierno ni a su socio de coalición, que ha amagado con pedir su dimisión.
"Si no está del lado correcto, no le queda más tiempo que a un piso de 600 euros publicado en Idealista", le ha advertido el diputado de Sumar, Alberto Ibáñez.
Éste ha sostenido que la ministra "tiene que elegir" si está del lado de los "fondos buitre", las empresas gestoras del alquiler y los "rentistas"; o del lado de la gente que sufre el problema del acceso a la vivienda.
Tras defender que el Gobierno de coalición no puede "fallar" a esa gente, Ibáñez ha sostenido que el problema de la vivienda es un "conflicto de clase" y ha subrayado que en el hemiciclo hay diputados que tienen diecinueve casas y que en él hay "el triple de rentistas que en la calle".
A ese respecto, ha llamado a la ministra a que "escuche a la calle" y a las manifestaciones masivas que están reclamando intervenir el mercado y bajar los precios del alquiler.
Ha subrayado además que para Sumar un "gran pacto de Estado" debería contener cinco medidas: intervenir los precios para bajar los alquileres, limitar la compra especulativa de la vivienda, hacer que el alquiler sea indefinido, ampliar el parque público destinando el 1 % del PIB a comprar vivienda que ya existe y una reforma fiscal "para que no se pague más impuestos por ir a currar que por rentas del piso heredado del abuelo".
Por su parte, la diputada de ERC Pilar Valluera, ha reprochado a Rodríguez que no tome medidas "valientes", como crear un grupo de trabajo para regular el alquiler de temporada; y que diga cosas que dan "vergüenza" y que producen la "sensación sistemática de que está del lado de los propietarios".
En la misma línea, el representante de EH Bildu Oskar Matute ha urgido a la ministra a "pasar de las palabras a los hechos", tras recordarle que el debate de hoy viene "empujado por la urgencia de la calle".
Matute ha enumerado una batería de medidas que pueden adoptar las distintas administraciones, entre ellas, topar los precios, limitar los alquileres de temporada y los pisos turísticos, ceder suelo público para la construcción de vivienda y gravar los pisos vacíos con un canon del 150 % sobre el IBI, algo que, según ha asegurado, ya están haciendo muchos municipios donde gobierna su partido.EFE
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