Barcelona, 18 oct (EFE).- La Fiscalía de Lleida pide más de dos años de prisión para los dos acusados de matar al oso Cachou en abril de 2020 en la Val d’Aran (Lleida) -un exconsellèr del Conselh d'Aran y un ex agente de Medio Ambiente-, por delitos contra la fauna y otro por violación de secretos.
En concreto, en su escrito de acusación, que ha adelantado El Segre y al que ha tenido acceso Efe, el ministerio público acusa al exconseller de Territorio entre los años 2015 y 2019, José Antonio Boya, de ser el autor material de la muerte del animal con el empleo de veneno, mientras que al agente de Medio Ambiente, Aran Medan Guerrero, le incrimina por haber facilitado la localización del animal y, por tanto, por haber sido cooperador necesario.
Para el exconseller, la Fiscalía solicita una pena de dos años y cuatro meses de prisión y para el ex agente de Medio Ambiente de la administración aranesa una condena de dos años y tres meses de cárcel.
En su escrito de acusación, el ministerio público sostiene que el ex agente de Medio Ambiente, siendo conocedor de las claves de geolocalización para acceder al paradero del oso y sabiendo que tal información era "restringida y que no debía ser divulgada", facilitó esta localización al exconseller, "a sabiendas de la intención que este tenía de eliminar al mencionado oso".
De esta manera, entre el 30 de enero y el 26 de marzo del 2020, gracias a la información de geolocalización proporcionada por el ex agente de Medio Ambiente, el otro de los acusados, con "intención de atraer al oso Cachou con el fin de darle muerte y sin estar legalmente autorizado", colocó en las inmediaciones un "señuelo" con veneno para que el animal lo ingiriera.
A consecuencia de la ingesta de este señuelo con veneno, el oso Cachou murió el 9 de abril de 2020 en el bosque de Soberpera, perteneciente al término municipal de Les.
La Fiscalía recuerda en su escrito de acusación que Cachou era un individuo de la especie protegida de oso pardo (Ursus arctos), calificada como especie en peligro de extinción e incluida en el Régimen de Protección Especial del Catálogo Español de Especies Amenazadas, y cuya muerte está prohibida de forma deliberada.
Para el autor material de la muerte del animal, el ministerio público pide además la pena privativa de libertad, que se le inhabilite durante tres años y medio para ser ganadero y que se le prohíba cazar y pescar durante cinco años y cuatro meses.
En cuanto al otro acusado, Fiscalía solicita, además de la cárcel, una multa de 5.400 euros, se le inhabilite para empleo o cargo público durante un año y seis meses, la inhabilitación de tres años y medio para el oficio de agente de medioambiente y que se le prohíba cazar y pescar durante cinco años y cuatro meses. EFE
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