El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Edmundo Rodríguez Achútegui, no cree que el Tribunal Supremo haga "ningún reproche" al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, al abrir causa por la querella por supuesta revelación de secretos presentada por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sino que piensa que la pretensión del alto tribunal es investigar el origen de la filtración de correos sobre las negociaciones del demandante con el ministerio público para reducir la pena por varios delitos económicos.
Rodríguez Achútegui, en declaraciones realizadas antes de asistir a la inauguración de las IV Jornadas Jurídicas por la Palabra que este jueves se desarrollan en la Universidad de Deusto de Bilbao, ha rechazado que García Ortiz deba dimitir, al considerar que la Fiscalía, como es "su obligación", lo que hizo fue emitir una nota de prensa para desmentir un "bulo".
El magistrado ha señalado que JJpD no cree que el auto dictado ayer por el Tribunal Supremo suponga "ningún reproche al Fiscal General", sino que lo que pretende "es investigar el origen de la filtración de unos correos electrónicos que se habían hecho públicos con anterioridad a las actuaciones que pudieran reprocharse a la Fiscalía".
En su opinión, Álvaro García Ortiz, "no tiene por qué dimitir" por esta causa abierta por el TS, que es el tribunal que debe llevar este caso al ser aforado el Fiscal General. De hecho, ha defendido que este ha cumplido con la obligación que establece el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "de informar a la opinión pública de cuantas instrucciones penales sean de relevancia porque tengan interés para la sociedad", tal como hizo al difundir la nota de prensa.
DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA
Edmundo Rodríguez Achútegui ha señalado que todo esto se ha "embarrado" por "los intentos del entorno de la pareja de Ayuso de justificar lo injustificable, que es que ha cometido unos delitos contra la hacienda pública", y que se intentó llegar a un acuerdo con el ministerio público, "como suele ser habitual, para conseguir una pena menor".
"Convertir eso, que es el reconocimiento de la comisión de un delito, en un problema distinto, como es la difusión de unos correos electrónicos que se filtraron todavía no se sabe quién, porque eso es lo que va a investigar el Supremo en el caso del Fiscal General, es cambiar los términos", ha añadido.
Edmundo Rodríguez Achútegui ha afirmado que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid es el "responsable de un delito, porque lo ha reconocido", y la Fiscalía General "se ha limitado a hacer su trabajo, porque su obligación, y en este caso lo ha cumplido, es informar de lo que ha sucedido" ante una "serie de bulos que se difundieron" a la opinión pública "desde el entorno de esta persona".
Por lo tanto, ha insistido en que "la investigación que se realice, va a tratar de determinar, con suma dificultad, porque ampara a los periodistas el derecho del secreto profesional, de dónde han surgido esos correos electrónicos que fueron hechos públicos con bastantes días de antelación a la publicación por la Fiscalía General del Estado de esa nota".
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