El Gobierno central y el Ejecutivo de Baleares han firmado este jueves un acuerdo de colaboración para cofinanciar las obras de rehabilitación de 55 viviendas de protección pública en Palma.
Lo ha comunicado el consejero balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, tras la reunión que ha mantenido con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la sede del Ministerio.
El acuerdo establece que la rehabilitación de las 55 viviendas, que son propiedad del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), se financie entre el propio IBAVI, con 1,59 millones de euros, y el Ministerio de Vivienda, que aporta 1,17 millones.
Según ha expresado el consejero, el acuerdo ya se había negociado previamente y permitirá la cofinanciación de las obras de rehabilitación de tres edificios plurifamiliares de viviendas del IBAVI en Palma --dos edificios en la calle Bogotá con un total de 48 viviendas y uno en la calle Ferreria de 7 viviendas--.
El acuerdo se enmarca en el programa de ayuda para actuaciones de rehabilitación a nivel de barrios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, programa de ayudas con fondos europeos.
VE "RECEPTIVA" A LA MINISTRA
Mateo ha señalado, en declaraciones a los medios tras el encuentro, que ha percibido a la ministra "receptiva" en cuanto a los planteamientos que el Govern: "Salimos con muy buenas sensaciones de esta primera reunión", que ha durado hora y media.
Ha explicado que han presentado a la ministra el plan de choque habitacional que están llevando a cabo en Baleares y el proyecto 'Lloguer segur', que presentarán la semana que viene y con el que pretendemos que "afloren esas viviendas que permanecen vacías" sin descuidar la seguridad jurídica de los propietarios.
El consejero ha reclamado reconducir las políticas estatales de vivienda mediante nuevas medidas a nivel nacional enfocadas a incentivar la salida al mercado de más vivienda, con más facilidades a los pequeños propietarios, deducciones fiscales y aumentar la oferta de alquiler a precios asequibles.
Además, ha defendido la posición del Govern frente al cuestionamiento por el Ejecutivo central de varios apartados de la Ley 3/2024 de medidas urgentes de vivienda, aprobada por el Parlament insular, a la espera de la reunión de la comisión mixta entre la Administración Estatal y la autonómica que debe negociar las discrepancias comunicadas.
SEGURIDAD JURÍDICA PARA PROPIETARIOS E INQUILINOS
Preguntado sobre si se mantienen las discrepancias respecto a la declaración de zonas tensionadas o el tope del alquiler que permite la Ley estatal de Vivienda, Mateo ha afirmado que "continúa habiendo esas divergencias" y ha defendido "ir en otra dirección, que pasa fundamentalmente por no intervenir tanto sino facilitar, dar instrumentos en los que demos seguridad jurídica a los propietarios".
"Demos seguridad jurídica también a los inquilinos, seamos capaces de, con la iniciativa privada, acometer la construcción y puesta a disposición de viviendas para residentes", ha añadido.
En la reunión, asimismo, ha expuesto a la ministra que no comparte las políticas "intervencionistas" del Gobierno de Pedro Sánchez y que cree más efectivo fomentar del mercado de alquiler que no avisar con sanciones, atendiendo a "singularidades" de Balear como el turismo y el alquiler ilegal.
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