La Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha considerado la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como "un hecho extraordinariamente anómalo" y "sin precedentes", destacando la gravedad del caso y su impacto en el derecho constitucional de defensa.
El Tribunal Supremo (TS) ha acordado por unanimidad abrir una investigación contra García Ortiz y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por el presunto delito de revelación de secretos del que les acusa Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En primer lugar, la Junta destaca en un comunicado oficial que el auto dictado por el Alto Tribunal constata "la existencia de los indicios racionales de delito que ya denunciara el propio Colegio, al señalar la posible infracción del deber de sigilo profesional que pesa sobre el Ministerio Fiscal".
Según puso de manifiesto el ICAM, ahora corroborado por el Tribunal Supremo, esta vulneración indiciaria ha tenido una grave afectación sobre el derecho de defensa.
La publicación de ciertas conversaciones, conforme a lo indicado en la querella, podría constituir un delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417.2 del Código Penal, que sanciona el quebrantamiento por parte de una autoridad o funcionario público del deber de sigilo y discreción que impone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
IMAGEN PREOCUPANTE
En segundo término, el ICAM lamenta la investigación de tan altos cargos de la Fiscalía, pues, inevitablemente, ello proyecta una imagen preocupante de la institución.
A pesar de esta situación, el ICAM ha querido poner en valor que la Fiscalía está integrada por casi 2.700 profesionales excepcionalmente cualificados, con una inmensa vocación de servicio público y una inquebrantable defensa de la legalidad. El Colegio ha remarcado que este caso representa un hecho extraordinariamente singular, anómalo y sin precedentes.
Finalmente, el Colegio de la Abogacía de Madrid, fiel al compromiso adquirido, reafirma su intención de perseverar en el ejercicio de la acción penal como parte personada en la causa.
El ICAM trabajará para contribuir al completo esclarecimiento de los hechos y a la depuración de las responsabilidades que pudieran existir, siempre en salvaguarda del derecho de defensa reconocido constitucionalmente.
El decano de la institución, Eugenio Ribón, ha subrayado que "el derecho de defensa es sagrado e inviolable, siendo una garantía esencial para la sociedad y un principio fundamental del Estado de Derecho".
"La determinación del ICAM es no permitir que ninguna violación de los derechos de nuestros colegiados quede impune", destaca el decano de la corporación madrileña.
La investigación del fiscal general del Estado se produce en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia interpuesta por la divulgación, en una nota de prensa oficial, de conversaciones entre fiscal y abogado en el marco de negociaciones de un acuerdo de conformidad en el ámbito penal.
El Colegio de la Abogacía de Madrid considera que estos hechos vulneran el deber de sigilo que pesa sobre el Ministerio Fiscal, afectando de manera directa al derecho de defensa, uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.
En junio, tras la práctica de las diligencias esenciales en la fase de instrucción por parte del juez del TSJM, se solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la elevación de la causa al Tribunal Supremo ante los indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del Fiscal General del Estado.
La acción penal promovida por el ICAM tiene como objetivo esclarecer el alcance de esta revelación y depurar las responsabilidades correspondientes, en defensa de la legalidad y la preservación de las garantías procesales.
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