Madrid, 18 jul (EFE).- El Ministerio de Defensa ha cedido siete instalaciones militares en Canarias para la acogida de inmigrantes, cuatro en Tenerife y las tres restantes en Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro, y ha ofrecido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones otra veintena en todo el país.
Los terrenos cedidos en Canarias suponen un total de más de 386.000 metros cuadrados, según fuentes de Defensa, que precisan que no queda en el archipiélago ninguna otra instalación militar en desuso que pueda ser utilizada para acoger a los menores migrantes no acompañados.
En concreto, el Ejército de Tierra ha cedido el campo de maniobras y tiro La Cancela, en el Hierro; el acuartelamiento General Alemán Martínez, en Gran Canaria; el cuartel Teniente Coronel Valenzuela, en Fuerteventura; y el acuartelamiento Las Canteras y Las Raíces, además de Las Raíces, terreno norte y terreno sur, todos ellos en Tenerife.
De esta forma, el Ministerio que dirige Margarita Robles sale al paso de las críticas expresadas en varias ocasiones por el presidente canario, Fernando Clavijo, a Defensa por negar el uso de instalaciones militares en desuso para la atención de esos jóvenes, a las que también ayer se sumó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Durante su intervención en la sesión en la que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presentó su plan de regeneración democrática, Feijoo acusó al Gobierno de falta de política migratoria y censuró que el Ministerio de Defensa no permita a Canarias usar sus instalaciones en desuso mientras los menores están en "carpas con una temperatura impropia". EFE
td/jdm
Últimas Noticias
Hacienda aclara que la transposición de la directiva del IVA ya está en el Congreso
Declaran ante la UCO dos personas por la desaparición de una mujer en Badajoz en 2017
Casi 400 empleados del CNIO alertan al Patronato de la situación que atraviesa el centro
Ábalos pide su puesta en libertad de cara al juicio para evitar el "desgaste" que supondrán los traslados desde prisión
La defensa del exministro argumenta que mantenerlo encarcelado durante las 13 sesiones del proceso limitaría su capacidad para participar y coordinarse con sus abogados, instando al Tribunal Supremo a considerar alternativas menos restrictivas para su control


