Carmen Calvo defiende que el Consejo de Estado no hiciera informe sobre la ley de amnistía

Madrid, 10 jul (EFE).- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha indicado este miércoles que "con arreglo a los parámetros constitucionales es evidente" que una amnistía corresponde adoptarla al Parlamento, y no al Gobierno, por lo que no cabe informe del órgano consultivo, al ser proposición de ley y no proyecto.

Calvo ha hecho esta reflexión en una rueda de prensa en el Consejo de Estado para presentar la memoria de la institución del ejercicio 2023, año en el que aún ella no había accedido al cargo.

La exvicepresidenta primera del Gobierno ha explicado que una medida de gracia como la amnistía tiene que ser adoptada por las Cortes Generales, puesto que solo el pueblo español en su conjunto puede decidir un perdón general, de forma diferente a un indulto, una medida de gracia concreta, cuya potestad sí es del Ejecutivo.

Calvo ha señalado que estuvo "bien situada" la amnistía como proposición de ley y que, consecuentemente, el Consejo de Estado no tenía que elaborar ningún informe, ya que su función es asesorar en las normas que manan del Gobierno.

"Tiene un sentido" que el Consejo de Estado no dictamine sobre proposiciones de ley, ha añadido Calvo: "Porque nacen del órgano que bombea el corazón de la democracia, las Cortes Generales, donde están sentados los representantes directos de la soberanía" y, salvo al Tribunal Constitucional, "a nadie más le corresponde interceptar ese camino".

Acerca de la reforma del Poder Judicial, la presidenta del Consejo de Estado ha señalado que también "la palabra es de las Cortes, como no puede ser de otra manera", aunque sean "bienvenidos todos los pronunciamientos".

Así, ha considerado que el Consejo General del Poder Judicial podrá señalar vías para la reforma de su método de elección, como le facultará una ley que será previsiblemente aprobada este mes gracias al acuerdo entre el PP y el PSOE, pero que la opinión de esos magistrados no sería vinculante, ya que solo el Parlamento puede decidir sobre la reforma de un órgano constitucional. EFE

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