Madrid, 18 jun (EFE).- Vox ha presentado una querella contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por haber supuestamente registrado para su sociedad Transforma TSC un 'software' creado para el máster de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que ella codirigía, y en cuya elaboración participaron Indra, Telefónica y Google.
En su querella, a la que ha tenido acceso EFE, Vox reclama un total de 15 diligencias, entre ellas citar a Gómez como investigada o al rector de la Complutense como testigo, para desentrañar todo lo relacionado con dicho 'software' y una presunta utilización de esa cátedra "con fines espurios" para facilitar de forma "subrepticia" la actividad de la citada empresa de Gómez.
El partido que lidera Santiago Abascal ha presentado la querella ante el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, cuyo titular Juan Carlos Peinado, aclaró ayer al abogado de la esposa de Pedro Sánchez que él la sigue investigando por "dos bloques" de documentos distintos de los que se ha hecho cargo la Fiscalía Europea.
Vox, que pide investigarla por un delito de tráfico de influencias, relata que en 2020 se creó el máster de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC), que codirige la mujer de Pedro Sánchez y cuya directiva ostentaba José Manuel Ruano, cuya citación como testigo también solicita Vox.
En julio de 2023, la UCM aprobó la tramitación de un expediente de contratación para la creación de una plataforma de gestión y medición del impacto para la pequeña y mediana empresa en la UCM.
Dicho contrato "se fijó en un importe de 60.000 euros + 12.000 de IVA", indica la querella, en la que Vox señala haber "tenido conocimiento de que, con carácter anterior a la incoación de dicho expediente de contratación", la querellada se habría servido de tecnología que cedieron Telefónica, Indra y Google.
"Según informaciones que han aparecido en medios de comunicación, de unos 150.000€ a fondo perdido que provendrían de Telefónica, Indra y Google", apunta.
A este respecto observa que Telefónica y Google eran patrocinadoras del máster, y en el caso de Indra -cuya filial Minsait "se encargó de liderar" el desarrollo de la plataforma-, Vox recuerda que la SEPI "amplió su participación en un 28%, previa autorización del Consejo de Ministros" en febrero de 2022.
Cuando el 'software' se había desarrollado al 80% las tres compañías, dice Vox, comenzaron a desmarcarse del proyecto, "posiblemente ante la existencia de un conflicto de interés, después de que el Gobierno aprobara elevar la participación de la SEPI del 18% al 28%".
Para terminar de completar la plataforma, prosigue la querella, Gómez utilizó "el canal de la Universidad Complutense" para que se adjudicara por 50.000 euros un contrato 'ad hoc' a Deloitte Consulting y en cuyo expediente de licitación figura la firma de la esposa del presidente del Gobierno "a pesar de no tener la cualificación técnica necesaria para ello".
El contrato de servicios aparece también firmado por José Manuel Ruano, lo que le convierte, dice Vox, "en una persona de interés para conocer la motivación, trasfondo y desarrollo de todo este proceso de contratación pública".
Según la querella, en octubre de 2022, Begoña Gómez presentó "una solicitud formal ante la Oficina de Patentes -dependiente del Ministerio de Industria- para registrar la plataforma TSC -nombre coincidente con la sociedad que crearía en noviembre de 2023" de medición de impacto social y medioambiental.
La logró registrar el 26 abril de 2023, según consta en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de esa fecha y del que Vox aporta una copia al juez.
La querella resalta también que Gómez constituyó la sociedad Transforma TSC "apenas un mes después de producirse la adjudicación definitiva del contrato y, por ende, una vez garantizado con dinero de la UCM que el 'software' sería desarrollado por la empresa adjudicataria".
Una vez creada esta mercantil, Gómez publicó la herramienta a través de su web, y según informaciones periodísticas recientes, advierte Vox, este portal "habría estado borrando los enlaces que tenía para la ayuda en la captación de fondos públicos, a través de licitaciones de contratos y subvenciones".
Vox considera que ante estos datos, a los que añade "el propio reconocimiento realizado por la intervención de la querellada en congresos difundidos en los medios de comunicación, existen pruebas que acreditan por una parte, la dudosa adecuación a la legalidad de la creación y desarrollo de la cátedra analizada", y por otra, "en todo caso", su utilización para "fines espurios propios y personales".EFE
na/mcm
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