Palma, 22 may (EFE).- El Govern balear ha organizado este miércoles la primera reunión para buscar un pacto político y social para un nuevo modelo turístico ante el "malestar social" que genera la masificación en las islas.
"Ha llegado el momento de adoptar decisiones difíciles", ha asegurado la presidenta balear, Marga Prohens, que quiere adoptar medidas para aliviar la presión del turismo con el "apoyo de toda la sociedad".
Por ello, el Govern ha reunido en la Escuela de Hostelería a agentes económicos, sociales, partidos políticos y entidades civiles con el propósito de activar lo que ha llamado el Pacto Social y Político para la Sostenibilidad de las Islas Baleares.
El economista, catedrático y director de Impulsa Baleares, Antoni Riera, presidirá el comité técnico de este gran foro que pondrá en marcha mesas de trabajo temáticas para afrontar los diferentes retos.
Durante su intervención, Prohens ha señalado que la economía de Baleares se ha desarrollado hasta ahora con un patrón de crecimiento basado principalmente en "volumen y cantidad", y que ha sido "incapaz" de crecer en "valor o calidad".
La transformación que pretende el Ejecutivo del PP tiene que tener como premisa la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de las Islas Baleares, de sus residentes, ha insistido.
El cambio de modelo no se conseguirá de inmediato, ha advertido, sino que es el momento de analizar la situación con datos para aprobar futuras medidas y "garantizar la convivencia" entre residentes y visitantes, así como salvaguardar el medioambiente.
A este primer acto han asistido también los presidentes de los consells insulars y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, así como el delegado del Gobierno en las Islas Baleares, Jaime Martínez.
Baleares recibió en 2023 casi 18 millones de turistas y este año las reservas para el verano han aumentado un 15 %, ha subrayado la presidenta.
Prohens no se ha referido a ninguna medida concreta, pero sí ha dejado claro que ya no se puede crecer más en volumen y que es necesario perseguir la oferta ilegal en cualquiera sector.
En primer lugar, el Govern pondrá en marcha una macroencuesta entre los residentes para conocer su opinión, cuantificará el tráfico de este verano en las principales carreteras y la afluencia de visitantes a zonas turísticas y a determinados enclaves naturales.
"Llegamos tarde", ha reconocido la presidenta, que ha advertido que los residentes deberán soportar "días de saturación".
El plan de trabajo de este pacto cuenta con siete grandes objetivos, como diversificar productos y sectores, promover políticas contra la saturación, garantizar la preservación del medioambiente y mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones turísticas y también con el sector. EFE
ja/bal
(Foto)
Últimas Noticias
Junqueras (ERC) dice que "escenificar peleas y reconciliaciones con el PSOE cada día es poco útil"
Absueltos los 16 acusados por el supuesto amaño del concurso de la mina de Aznalcóllar (Sevilla)
El tribunal rechaza las acusaciones de fraude, tráfico de influencias y prevaricación contra los encausados en el proceso de adjudicación minera, valorando la falta de pruebas concluyentes y la profesionalidad demostrada durante todo el procedimiento, según la sentencia judicial
El PP denuncia la "espantada" de siete ministros en la última sesión de control del año en pleno escándalo Salazar
Siete altos responsables del Gobierno no asistirán a una sesión clave en el Congreso, un hecho que la oposición atribuye a la falta de transparencia tras las denuncias de acoso que involucran a Francisco Salazar y que han sacudido al Ejecutivo
El Senado acoge hoy el interrogatorio a Félix Bolaños en la comisión de investigación sobre la gestión del CIS
La comparecencia del ministro de la Presidencia da inicio a una fase decisiva en la investigación sobre la transparencia, gestión y neutralidad del CIS, abriendo la puerta a la fiscalización directa de la actuación de los responsables políticos
El Congreso de Perú aprueba ampliar el registro de mineros informales por un año
El Parlamento decidió extender doce meses el proceso para regularizar a quienes operan fuera del marco legal en la industria minera, tras intensas discusiones y movilizaciones, mientras quedan fuera posibles reincorporaciones y casos bajo investigación judicial
