Madrid, 27 abr (EFE).- Decenas de funcionarios de Justicia se han manifestado este sábado en Madrid para reclamar al Gobierno que se les reconozca “profesional y retributivamente” las funciones que, alegan, no les corresponde hacer, y denuncian el “clasismo” de la Administración al pactar subidas de sueldos sólo con jueces, fiscales y letrados.
Convocadas por los sindicatos más representativos de la Administración de Justicia -CCOO, STAJ y CIG- cerca de 70 personas, según la Policía, han arrancado la protesta frente a la sede del Ministerio de Justicia, y han recorrido las calles del centro de Madrid hasta llegar a la sede del Ministerio de Hacienda.
Un año después de que comenzaran las concentraciones de los trabajadores de Justicia, en abril de 2023, y meses después de que concluyeran las huelgas por la disolución de las Cortes tras la convocatoria de elecciones generales anticipadas, los sindicatos han retomado las movilizaciones, pues dicen no sentirse escuchados en ninguna de sus reivindicaciones.
“Seguimos reclamando la subida del complemento general del puesto que en la misma línea que se acordó con las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia; seguimos reclamando la carrera profesional, que es un derecho que tenemos reconocido por ley desde 2018, pero que en la práctica no tenemos”, ha señalado a EFE el Secretario General del sector de la administración de Justicia de CCOO, Luis Calero.
“Seguimos reclamando que se nos reconozca profesional y retributivamente las funciones que hacemos en los juzgados, en los tribunales, en la Fiscalía y en los centros de trabajo de la Administración de Justicia, que están muy por encima de las que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial”, ha alegado.
Que se acordara con los jueces, fiscales y letrados una subida salarial pero no con el resto de cuerpos funcionariales es para estos trabajadores “una muestra del clasismo que venimos denunciando en el ministerio”, ha dicho Calero.
Son sólo cerca de 3.500 letrados y unos 5.000 jueces y fiscales, frente a los 45.000 trabajadores que conforman la Administración de Justicia, denuncian los sindicatos, que señalan que la mayoría de funcionarios hace lo que corresponde a otros cuerpos sin gozar del reconocimiento profesional y retributivo de ellos.
Calero ha asegurado que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes , Félix Bolaños, “no ha hecho ninguna oferta de mejora retributiva” para el conjunto del colectivo de trabajadores.
Por su parte, el secretario general de STAJ, Vicente Navarro, ha cargado contra Bolaños, y ha alegado que “el Ministro y todo su equipo” les ha mentido “desde el principio”.
“Nos mintió como cuando se formó el Gobierno, además de manera pública. Lo dijo en el Congreso de los Diputados, que los 45.000 funcionarios, sin excepción, tendrían una subida acorde a las nuevas funciones que traería la estructura y el nuevo modelo de ley de eficiencia organizativa”, ha recriminado.
Respecto a la mejora salarial de los jueces y letrados, con los que se pactó en septiembre una subida de 450 euros brutos mensuales, Navarro ha considerado que son “élites”, “funcionarios de primera”.
“Los demás que hacemos el trabajo, que somos los cuerpos generales, pues seguimos así, con las mismas funciones, pero con más responsabilidades y más complicación técnica”, ha lamentado.
Los funcionarios sujetaban pancartas que en algunos casos llamaban a Bolaños “Pinocho”, y que rezaban “no somos jueces, ni LAJs, pero queremos cobrar”, y coreaban consignas como “Se acaba la paciencia con la ley de eficiencia”.
“Es como si en una gran empresa sólo llegan a un acuerdo con los ejecutivos y no con el resto de obreros”, ha defendido por su parte el Secretario General del Sindicato Profesional de Justicia (SPJ) de la Unión Sindical Obrera (USO) en Andalucía, Adriano Moreno.
“Para que un procedimiento llegue a sentencia, que es la que tiene que poner el juez, antes hay que hacer muchos trámites, muchas diligencias de prueba que recaen sobre nuestras espaldas”, ha subrayado Moreno, y ha tachado de “impresentable” la forma “clasista” de negociar que a su juicio ha tenido el Gobierno.
También el presidente del sindicato Justicia y Progreso, Joaquín Vela, ha incidido en que los trabajadores serán los “más afectados” por la reforma anunciada por Bolaños mediante las leyes de eficiencia organizativa y antecedentes, que modificarán las condiciones de trabajo de toda la Administración de Justicia.
“El ministro no quiere reconocer ni las mejoras posibles retributivas que deberían acometerse, ni la reforma y la aclaración de las funciones, porque muchas de las cosas que dicen que los letrados están haciendo las hacemos nosotros”, ha lamentado Vela. EFE
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