Madrid, 2 abr (EFE).- El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, se ha dirigido por escrito a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid para solicitarle información sobre la reclamación del dinero de la residencia a familiares que perdieron a sus mayores durante la pandemia de la covid-19.
Gabilondo lo ha expresado en su respuesta a una queja presentada por María de Álvaro, quien el pasado 11 de marzo recibió una carta certificada por correo postal en la que le reclamaban una deuda de la residencia del Ensanche de Vallecas, donde falleció su padre el 5 de abril de 2020.
En concreto, en una resolución de procedimiento de ingreso de precios públicos, firmada por el director general de Atención al Mayor y la Dependencia, Óscar Álvarez López, le reclamaron 674,28 euros por la cuota de la residencia correspondiente al mes de marzo y los cinco primeros días de abril.
"Cuatro años después de su muerte, producida en las peores circunstancias posibles, en el peor momento de la pandemia, desatendido a su suerte por parte de la residencia y de las autoridades sanitarias madrileñas, se nos reclama una deuda que resulta inmoral y atenta contra la dignidad de las personas y de los fallecidos en las residencias de mayores por la covid-19", expuso María de Álvaro al Defensor del Pueblo.
En el texto, María de Álvaro le transmitió asimismo que le resulta "intolerable y humillante" que reclamen a los herederos una deuda "por unos servicios que no se prestaron en modo alguno por la Administración madrileña" y le pidió ayuda a Ángel Gabilondo para solucionar esta situación.
Una vez estudiado el contenido del escrito, la institución se ha dirigido a la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid para solicitarle información sobre estos hechos.
"Es necesario precisar, sin embargo, que el inicio de esta actuación no implica ningún juicio previo sobre la legalidad de las circunstancias a las que alude su comunicación y va exclusivamente dirigida a recabar de la autoridad administrativa mencionada los datos necesarios para proceder a una valoración más exacta de la cuestión objeto de su queja", ha indicado el defensor del pueblo.
La Comunidad dice que cumple la legislación estatal
"Dejar que prescriban estos pagos a favor de la Hacienda pública podría dar lugar a exigencias de responsabilidad contable por parte del Tribunal de Cuentas y si, además, fuera de forma deliberada, constituir un delito de prevaricación", han recalcado.
Por su parte, han agregado, los requeridos tienen la posibilidad de presentar recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, como prevé la propia normativa.
En los supuestos de residentes de centros de mayores, según el departamento que dirige Ana Dávila, la legislación estatal no ha establecido ninguna excepcionalidad con situaciones concretas vinculadas a la pandemia por la covid-19.
De forma periódica y habitual, han detallado, la Consejería revisa los expedientes de las plazas con financiación pública de las residencias, tanto de residentes que continúan ocupando las plazas como de personas fallecidas. EFE
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