Marina Segura Ramos
Madrid, 2 abr (EFE).- Pese a una "cierta" tendencia a la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en España, hay grandes diferencias que pueden suponer que la exención de precios se reconozca en algunas regiones para familias que perciben una renta de 45.000 euros anuales y en otras solo si es menor a 3.600 euros.
La última reforma educativa (Lomloe) establece la obligación de aumentar la oferta de plazas públicas de este ciclo y determina que el Gobierno, junto con las autonomías, elabore un plan de ocho años de duración para que sea suficiente y se llegue a la gratuidad.
Además de sus recursos propios, las comunidades cuentan para ello con fondos europeos, pero hace unos días Andalucía anunció la devolución de los 119 millones que le correspondían al entender que no es necesario crear nuevas plazas porque hay 20.000 disponibles (la mayoría en la concertada).
Bruselas obliga a destinar ese dinero a la red pública, por lo que varios gobiernos regionales pidieron hace tiempo poder flexibilizar los criterios, entre otras razones para proteger los puestos de trabajo de los centros privados sufragados con fondos públicos.
El último informe del Defensor del Pueblo afirma que "parece que hay cierta tendencia a la gratuidad, pues cada año va en aumento el número de comunidades" que ofrecen gratis el primer ciclo, pero "aún quedan regiones en las que se paga este servicio, que puede llegar a más de 200 euros al mes".
Dentro de estas últimas, también hay diferencias relevantes en las bonificaciones o exenciones de la cuota mensual previstas en función de la situación sociofamiliar, "que pueden suponer que la exención de precios se reconozca en algunas regiones para las familias que perciben 45.000 euros anuales, mientras que en otras solo si la renta per cápita de las familias es inferior a 0,50 Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) (3.600 euros anuales)".
El Defensor viene recomendando a las administraciones una oferta suficiente de plazas públicas y la articulación de las medidas necesarias para asegurar que el acceso a esta enseñanza no se vea condicionado por la situación económica de las familias, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.
El Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030) constata que las plazas públicas para 0-3 años son insuficientes y el coste es asumido, mayoritariamente, por las familias.
Por otro lado, se encuentran grandes diferencias en cuanto a extensión y cobertura de dicho ciclo entre las comunidades.
Así, no hay un modelo único de oferta y de afrontar el coste del primer ciclo sino que dependerá de lo decidido por las comunidades y los municipios, titulares de muchas de las escuelas infantiles del territorio nacional.
El Defensor recuerda que, hasta hace pocos años, la red de escuelas para menores de cero hasta tres años ha sido municipal, siendo relativamente reciente la creación de escuelas por parte de los gobiernos regionales.
Esto ha hecho que algunas autonomías oferten la escolarización de este ciclo a través de escuelas municipales; otras, en cambio, compaginan la red autonómica y la municipal.
A esta diversidad se añade la de los municipios: si bien algunos también han apostado por la gratuidad, no ha sido así en todos los casos, debido a la alta diversidad económica existente entre ellos que, en ocasiones, supone la imposibilidad financiera de hacerse cargo de los gastos.
Las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo revelan que en pequeños municipios, a diferencia de las comunidades, no siempre se prevén exenciones o reducciones de los precios públicos de las escuelas infantiles en atención a la situación familiar, lo que dificulta el acceso al primer ciclo de Infantil de los más vulnerables. EFE
msr/ros
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