Madrid, 19 mar (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, Esperanza Aguirre, testifica este martes en el juicio que celebra la Audiencia Nacional por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por irregularidades en contratos del fallido Campus de la Justicia de Madrid.
También está citado para esta misma jornada, entre otros testigos, Ángel Garrido, que fue presidente de la Comunidad madrileña desde mayo de 2018 a abril de 2019.
El fiscal pide en sus conclusiones provisionales ocho años de prisión para Alfredo Prada, que fue vicepresidente segundo y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid en la época de los hechos.
La acusación ejercida por la Comunidad de Madrid solicita para Prada trece años de cárcel además de reclamarle 40,4 millones de euros por los contratos supuestamente adjudicados de forma ilegal entre 2005 y 2008.
Igualmente se sientan en el banquillo otros cinco acusados, que ocupaban diversos cargos en la estructura directiva de la sociedad pública Campus de la Justicia, creada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2004 para ejecutar el proyecto de la Ciudad de la Justicia.
Las entonces secretaria general técnica y asesora de la Vicepresidencia Segunda de la Comunidad de Madrid, Lourdes M.L. y Paloma M.M., respectivamente, testificaron en sesiones anteriores de la vista que los contratos relacionados con el proyecto los decidió Alfredo Prada entre 2005 y 2008.
También declaró como testigo Miguel Ángel G.G., funcionario y arquitecto de la Comunidad de Madrid que definió las prescripciones técnicas para los pliegos de contratación del proyecto, que manifestó que ni Prada ni otros cargos acusados le pusieron límites de costes.
Otro de los testigos que ha comparecido en jornadas anteriores del juicio es el que fue representante de la unión de empresas encargada de adaptar el proyecto del arquitecto Norman Foster para el Campus de la Justicia, que dijo que a pesar de que se entregaron más de 1.500 planos tras dos años de trabajo, entre 2007 y 2009, no se ejecutó "porque no habría fondos o por decisión política". EFE
cng/mcm
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