Madrid, 14 mar (EFE).- El Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid ha absuelto a dos comerciantes de CBD o cannabidiol en Madrid que afrontaban penas de hasta 4 años y seis meses de prisión, acusados de un delito contra la salud pública.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE y que ya es firme, supone un espaldarazo para los productores y distribuidores de CBD en España, una sustancia derivada del cannabis sin efectos psicoactivos pero que tanto la Fiscalía como la policía tienen bajo su lupa ante el temor de que los cultivos encubran casos de narcotráfico.
El CBD es una de las más de 100 sustancias que contiene el cannabis, cuyo uso terapéutico está siendo investigado por importantes empresas farmacéuticas dado que no tiene efectos tóxicos como el THC, y puede encontrarse actualmente a la venta en España en cremas, lociones e incluso cogollos presentados como "flores aromáticas".
La sentencia considera probado que el 2 de noviembre de 2018 agentes de la Policía Local llevaron a cabo, sin soporte judicial, administrativo o policial, el decomiso de productos en dos tiendas, propiedad de unos de los acusados, defendidos por el despacho De Luxan y Nieto.
En el establecimiento se vendían infusiones y flores aromáticas, si bien los agentes intervinieron sustancias vegetales que estaban expuestas a la venta, "por aparentar exteriormente ser sustancias estupefacientes procedentes del cannabis".
La sentencia explica que "algunas de las muestras intervenidas, han arrojado un porcentaje de THC (el principio activo de la planta que es psicoactivo) sin especificar unidad, o no superior al 0,2 %".
Y "es totalmente reconocido por la jurisprudencia de nuestro país y de la UE que al tratarse de plantas de cannabis cuyos porcentajes de THC son inferiores al 0,2% nos estamos refiriendo a las plantas no psicoactivas conocidas como cáñamo, cuya producción, venta y distribución está regulado a nivel internacional".
Además, la sentencia dice que "los productos intervenidos fueron adquiridos a empresas legalmente establecidas" dentro de la UE.
Por otra parte, señala que la incautación carecía de soporte legal por no venir avalada por autoridad alguna y subraya una serie de "irregularidades" que evidencia "una ruptura de la cadena de custodia" de las pruebas.
Como ejemplo, explica que las sustancias fueron entregadas al Instituto Nacional de Toxicología por la Policía Local, tres meses después de ser intervenidas y otra parte fue entregada por la Policía Nacional, un mes después, de manera que "la duda recae sobre qué exactamente fue lo incautado".EFE
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