Madrid, 4 mar (EFE).- El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite una querella de una empresa contra dos diputados de Sumar y el exdiputado Jaume Asens por varios delitos relacionados con el proyecto del parque temático del deporte Open Camp, del Anillo Olímpico de Barcelona.
La Sala de lo Penal ha dictado un auto que rechaza la querella de la empresa Gaudi Innovatio contra los diputados de Sumar Gerardo Pisarello y Eloi Badía, el exdiputado Jaume Asens y Marta Carranza al no apreciar relevancia penal en los hechos denunciados.
El Supremo expone que en la querella se denuncian las actuaciones dirigidas a impedir que el proyecto Open Camp llegara a buen puerto. Se trata de un parque temático que había sido concertado entre la empresa municipal BSM y la mercantil Open Camp, que establecía un buen número de obligaciones para las empresas contratantes, y que dio lugar a diferentes iniciativas empresariales e inversiones.
Añade que en las elecciones municipales de mayo de 2014 se produjo un cambio de gobierno del que formó parte Barcelona En Comú-Podem, que tenía entre sus objetivos detener la actividad de Open Camp por considerarlo contrario al bien común.
Con ese propósito los querellantes realizaron un conjunto de acciones que, según la querella, son constitutivas de varios delitos, si bien los magistrados concluyen que no hay razones que justifiquen la apertura de un proceso de investigación penal.
Indican que hay un grupo de hechos que se refieren a la falta de colaboración institucional para que el proyecto se desarrollara "y que, caso de ser cierto, podría dar lugar al ejercicio de las acciones civiles o administrativas que correspondan por incumplimiento de lo pactado en contrato pero que son ajenas a la jurisdicción penal".
Porque "se presenta como delito lo que no son sino las actuaciones realizadas por los querellados en el marco de un complejo conflicto contractual".
Y "en la querella no se describen hechos que presenten caracteres de delito por lo que las eventuales diferencias existentes en torno al incumplimiento del contrato por parte de BSM y las consecuencias que de ello se puedan derivar habrán de ser planteadas, en su caso, ante la jurisdicción civil o contencioso-administrativa". EFE
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