Juez del caso Restalia se inhibe en la Audiencia Nacional y franquiciados amplían denuncia

Madrid, 5 feb (EFE).- El juez del caso Restalia, sobre una presunta estafa a franquiciados de este grupo, se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional en un auto en el que acata la decisión dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, mientras los franquiciados han ampliado su denuncia por novena vez alegando cinco millones más de perjuicio.

En un auto fechado el 31 de enero, al que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid recuerda que la audiencia madrileña dictó el pasado mes de noviembre un auto en el que dirimía que la competencia del caso es de la Audiencia Nacional, después de que el magistrado de Plaza de Castilla archivara la causa y defendiera su competencia, en contra del criterio de los denunciantes y de la Fiscalía.

Después, el pasado mes de enero, la audiencia madrileña revocó el archivo de la causa por parte del juzgado -en enero de 2023-, reiterando que los hechos podrían constituir un presunto delito de estafa que, por sus características, es competencia de la Audiencia Nacional.

Ahora el juez resuelve sobre el auto de la Audiencia Provincial de noviembre argumentando que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, constitutiva de un delito de estafa, cuyo conocimiento está atribuido a la Sala de Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal".

Esta decisión judicial coincide en el tiempo con la presentación por parte de franquiciados de Restalia de la novena ampliación de denuncia contra el grupo, que incluye diez informes periciales que detallan cinco millones más de supuestos perjuicios, han informado fuentes judiciales.

Así actualmente hay cerca de cuarenta franquiciados que denuncian, de casi 90 establecimientos, con un perjuicio cercano a los 40 millones de euros, según los informes aportados por esta parte.

El caso Restalia arrancó con la denuncia interpuesta en 2021 por una treintena de franquiciados del grupo, a los que luego se unieron más, contra varios responsables del grupo, la propia sociedad y varias de sus filiales como 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger (TGB), a los que se acusa de actuar "con engaño" hacia los franquiciados, muchos de los cuales se vieron abocados "a ruina económica".

El Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid abrió una investigación por presuntos delitos de estafa, organización criminal, coacciones, delitos informáticos y delitos contra los consumidores, que eran los que exponían en la denuncia los afectados, representados por los bufetes Cremades & Calvo-Sotelo y Rafael Franco Abogados.

Pero tras recibir un informe pericial económico el magistrado Jesús de Jesús Sánchez sobreseyó provisionalmente la causa en enero de 2023, alegando que no hay delito de defraudación o maquinación para alterar el precio de las cosas, y ya en junio desestimó la petición de cambio de jurisdicción. EFE

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