Madrid, 1 dic (EFE).- Dignidad y Justicia ha pedido que se imponga una multa por "palmaria" mala fe procesal en la recusación que ha planteado el letrado Gonzalo Boye para apartar al juez del caso Tsunami por criticar la amnistía, en representación de Josep Lluís Alay, mano derecha de Carles Puigdemont, del que Boye también es abogado.
La asociación, que ejerce la acusación en esta causa, hace esta petición en un escrito, al que ha tenido acceso EFE, en el que se opone a la recusación para apartar al juez Manuel García Castellón de esta causa, que está pendiente de que el Tribunal Supremo decida si la asume al ser aforado el expresidente catalán, contra el que también se dirige esta investigación por terrorismo.
"Dicha recusación es absolutamente improcedente, por haberse planteado partiendo de una falacia como ha sido la de haber intentado hacer creer a las partes y al propio Instructor su conocimiento de la causa de recusación en fecha posterior a la que realmente fue" para tratar así de "eludir el sometimiento" a los plazos para plantearla, advierte Dignidad y Justicia en su escrito.
Para la asociación de víctimas del terrorismo, esta recusación se ha propuesto por tanto "de manera extemporánea" y debe ser rechazada de plano porque antes de plantearla la defensa de Alay tuvo conocimiento de otro incidente de recusación, el planteado por el empresario Oriol Soler, por esas mismas manifestaciones sobre la amnistía.
Así, explica, la defensa de Alay tuvo un plazo de tres días "para adherirse, oponerse o plantear otra causa de recusación, y es a ese plazo al que quedó sujeto".
A esto se suma que la planteada por Alay "es una reiteración" de la de Soler, lo que para Dignidad y Justicia pone de manifiesto "la palmaria mala fe con la que se ha planteado el presente incidente de recusación, cuya finalidad no es otra que obstaculizar y entorpecer la normal tramitación de la presente causa".
Una "mala fe" que cree que obedece "más a criterios que nada tienen que ver con la defensa de los intereses del investigado en la presente causa sino intereses ajenos a este foro, buscando el apartamiento del Juez Instructor del presente procedimiento hasta la resolución del presente incidente por interesar en atención a la coyuntura política que vive España".
"Ello acredita -añade- la absoluta improcedencia con la que ha planteado la recusación el Sr. Alay Rodríguez, cuya finalidad perseguida no es la de salvaguardar su derecho a un Juez Ordinario por la Ley como indica en su escrito, sino con una clara voluntad obstativa planteando con un claro abuso incidentes como el que nos ocupa ya resueltos y con una clara finalidad dilatoria".
Por este motivo solicita a la Sala que de "apreciar mala fe" imponga una multa a "la parte recusante" y el pago de las costas.
En cuanto al análisis del fondo de la recusación, relativa al presunto interés personal y directo del juez en el procedimiento, la asociación señala que las argumentaciones "son vagas, abiertas e imprecisas".
Se basa en "meras afirmaciones huérfanas de todo sustento en hechos concretos, tan vacías como considerar que el hecho de exponer un criterio jurídico sobre la falta de acomodo constitucional de una posible ley de amnistía hace incurrir al Instructor en una carencia de imparcialidad", sostiene.
Los otros dos incidentes de recusación planteados, el de Oriol Soler y el del consejero ejecutivo de Òmnium Cultural Oleguer Serra están pendientes de resolver por la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional después de que recurrieran en apelación la decisión de García Castellón de rechazar de plano apartarse de esta causa. EFE
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