
El acuerdo PNV-PSE permitirá a Euskadi y a Navarra consensuar, en la Comisiones Mixtas del Concierto y del Convenio, las tasas de reposición --que determina el número de nuevos opositores que pueden acceder a un puesto en una Administración Pública--, en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE), así como establecer "los máximos globales al incremento de la masa retributiva de los empleados públicos". Según recoge el texto, el Gobierno del Estado se compromete a actuar "con pleno respeto" a las competencias de las instituciones vasca y navarra, "y especialmente a las competencias ejecutivas en supuestos de materias compartidas". Seguidamente, los firmantes se refieren a las tasas de reposición y acuerdan incluir una disposición en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, con efectos de aplicación a partir del día 1 de enero de 2024. Esta establecerá que, "en cumplimiento de la Disposición Adicional primera de la Constitución y, con respeto a la autonomía financiera que ejercen las instituciones de los territorios forales, se podrán consensuar en el seno de las Comisiones Mixtas de Concierto y Convenio, las tasas de reposición de la oferta de empleo público de nuevo ingreso a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren absolutamente prioritarios. También establece que, en esos se establecerán los "máximos globales al incremento de la masa retributiva de los empleados públicos, garantizando siempre el equilibrio y la senda de estabilidad presupuestaria correspondiente en cada ejercicio presupuestario". "Los respectivos legislativos vasco y navarro trasladarán dicho acuerdo a sus correspondientes normas de empleo público", añade. ÁMBITO FISCAL En el ámbito económico fiscal, el acuerdo se compromete a modificar el apartado 1 del artículo 21 del Concierto Económico con el objetivo de "avanzar" en el modelo actual de concertación del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, de manera que "sea posible la aplicación de normativa autónoma en el caso de contribuyentes no residentes que obtienen rentas en la Comunidad Autónoma del País Vasco sin disponer de un establecimiento permanente", con el compromiso de "no incurrir en competencia fiscal". Además el Ejecutivo modificará los artículos del Concierto Económico en los que se regula la competencia normativa correspondiente a determinados impuestos concertados de normativa común, e incorporará los cambios necesarios con el objetivo de "hacer posible que las Diputaciones Forales determinen el contenido de los modelos de cumplimiento de las obligaciones formales, cuando existan garantías suficientes de disponibilidad de la información necesaria procedente de fuentes distintas". Otro de los compromisos en el capítulo económico-fiscal es el del fomento de "la visibilidad y presencia de las Haciendas forales en el ámbito internacional" y, en particular, "en el ámbito de la Unión Europea", así como "en relación con los regímenes de ventanilla única". De la misma manera, "se procurará la visibilidad de la información procedente de las haciendas forales en todo intercambio internacional que realice la autoridad nacional". En lo que se refiere al proceso de determinación de los objetivos de déficit correspondientes a la Comunidad Autónoma Vasca y la de Navarra, se realizará "con la participación y en el marco de la Comisiones Mixtas de Concierto y de Convenio". Además, "se continuará con la diferenciación de límite de deuda entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones forales". El acuerdo alude a la concertación del impuesto que se cree mediante la transposición de la directiva (UE) 2022/2523 del consejo de 15 de diciembre de 2022, relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión. En este caso, se procederá a su concertación "de acuerdo a lo establecido en el apartado Dos de la Disposición Adicional 2ª del Concierto Económico", y se atribuirá a las Haciendas forales "la capacidad de gestión, inspección y recaudación respecto de los contribuyentes que deban tributar en ellas". También se aborda la situación de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y, en concreto, el aumento de la fracción de cuota por Contingencias Comunes máxima en la segunda financiación adicional. Según el acuerdo, se llevará a cabo la adecuación de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) a la existencia previa de previsión social propia del sector cooperativo en Euskadi. CULTURA Y EUROPA En el ámbito cultural, se ha acordado la financiación de 100 millones de euros en cuatro años a las instituciones vascas para la adaptación del euskera a la nueva era digital. En el capítulo relativo a Europa, el PSOE se compromete a no impulsar ninguna modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y, en "caso de extraordinaria necesidad", lo hará "con acuerdo previo con el PNV". El texto también se refiere al marco de los mecanismos de colaboración previstos en el artículo 4 del Concierto Económico, aprobado por la Ley 12/2001, de 23 de mayo y establece que a la delegación española que asista a las reuniones de los grupos de alto nivel, así como a las reuniones plenarias, en las que se traten cuestiones tributarias y de código de conducta, "se incorporará un miembro de las instituciones vascas, que asistirá a la reunión siempre que las circunstancias técnicas lo permitan". En cualquier caso, el Gobierno se compromete a que, de manera previa a la reunión de esos grupos -D-4 y D-5- se convoque una sesión con representares de las instituciones vascas "para abordar las materias correspondientes del orden del día" y establecer "una posición compartida". Además, el Gobierno impulsará la presencia de las instituciones vascas en los foros internacionales de fiscalidad de la OCDE, como el FHTP, Global Forum y FTA, así como los trabajos de Marco inclusivo (MI) sobre BEPS de la OCDE y el G-20 "dirigidos por el comité de asuntos fiscales de la OCDE". También promocionará la participación de la persona titular del Departamento de Seguridad Pública del Gobierno Vasco en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) y pondrá en marcha "las medidas necesarias para que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco tenga conocimiento previo de los asuntos a tratar en este Consejo en materia de seguridad interior "en consonancia con lo establecido en materia de seguridad".
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