Madrid, 31 oct (EFE).- Más de dos años después de dictar la resolución que envió al banquillo a la familia Pujol, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado elevar el caso a la Sala de lo Penal, que debe fijar la fecha del juicio al expresidente catalán Jordi Pujol y a sus siete hijos.
Las perspectivas de que esa fecha sea cercana son bajas a tenor de la falta de salas disponibles en la Audiencia Nacional -que está reformando su sede en San Fernando de Henares (Madrid) para albergar macrojuicios- y la acumulación de procedimientos que también esperan que se concrete la celebración de vistas.
Con independencia de cuándo se sentará la familia Pujol en el banquillo, el juez Santiago Pedraz, que dictó apertura de juicio contra ellos en junio de 2021 por delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, ha puesto fin al último trámite que mantenía paralizado el procedimiento.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez ha concluido el expurgo de la causa de los documentos que no son de interés para la misma y que afectan a la intimidad de los acusados y ha elevado el caso a la Sala de lo Penal "para enjuiciamiento".
Pedraz ha ratificado la exclusión de aquel material que acordó en una anterior resolución e indicó la Fiscalía y ha decidido terminar con el proceso después de que el resto de partes no haya individualizado qué elementos se deben expulsar del procedimiento tras alegar problemas de acceso a la plataforma informática, pese a que el juez pidió apoyo técnico al Ministerio de Justicia y los responsables indicaron que la descarga quedaba "garantizada".
La familia Pujol ha recurrido esta decisión en un escrito en el que recuerda que formuló una nueva petición de expurgo el pasado verano que no ha visto suficientemente respondida, y argumenta que "la mayor o menor concreción de los elementos a expurgar no exonera al juzgado (...) del deber de razonar por qué considera que determinados archivos afectan (o no) al derecho a la intimidad" de los acusados o de terceros.
En esta causa, que se remonta a 2012, la Fiscalía pide nueve años de cárcel para el expresidente catalán y entre ocho y 29 para sus siete hijos -la mayor para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola-, a quienes acusa de amasar una fortuna con pagos ilícitos de empresarios y blanquearlos después mediante artificios financieros.
La mujer de Pujol, Marta Ferrusola, ha sido exculpada por la demencia que padece.
Más allá de este caso, el juez investigó en una pieza separada al menor de los Pujol, Oleguer, por un delito de blanqueo en relación a una serie de inversiones en operaciones inmobiliarias de Drago Capital y el destino de algunas de ellas, entre ellas la compraventa de 1.152 sucursales del Banco Santander.
El juez decidió archivar esta investigación hace meses y ahora, en un auto dictado este martes al que ha tenido acceso EFE, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia confirma esa decisión y desestima los recursos de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado.
La Sala explica que para que una investigación pueda continuar "son precisos verdaderos indicios", cuya ausencia "en este momento da lugar al sobreseimiento provisional" y recuerda que la instrucción ya ha finalizado y que no se pueden practicar más diligencias. EFE
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