Madrid, 4 jul (EFECOM).- La Audiencia Nacional ha suspendido el juicio que debía comenzar este martes por la presunta estafa de Unetenet, a la espera de un posible acuerdo de conformidad entre los acusados y la Fiscalía en la reuniones previstas para los próximos días 13, 14 y 17 de julio.
Al comienzo de la sesión, la Fiscalía ha instado al tribunal a suspender la sesión dada la voluntad de la mayoría de las defensas de los 22 acusados de estafar cerca de 50 millones de euros a unas 50.000 personas, de llegar a un acuerdo.
La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha accedido a la petición y ha destacado que una sentencia condenatoria, fruto de un acuerdo, sería más eficaz que un juicio largo, para poder recuperar los fondos depositados en una cuenta en Letonia, y poder resarcir así a los damnificados.
Dichos fondos, según han relatado varias de las acusaciones, han ido menguando a merced de las comisiones bancarias y de otras operativas, y de un saldo inicial de 32 millones de euros se ha pasado a ahora a unos 12.
Asimismo, la jueza Palacios ha recordado que, de no llegarse a un acuerdo la próxima semana, el juicio no se podría reanudar hasta 2024, dado la ausencia de huecos en la agenda judicial.
Según sostiene la Fiscalía, los cabecillas de la trama, José Manuel Ramírez y su pareja, Pilar Otero, lideraban una organización criminal formada por una veintena de personas, un grupo especializado en la comisión de estafas masivas, con una estructura piramidal en la que los fondos procedían de la captación de nuevos inversores.
A través de charlas formativas y reuniones, se intentaba convencer a los nuevos "socios/víctimas" de que, previa compra de una serie de paquetes, cuyo precio oscilaba entre 60 y 700 dólares (entre 55 y 642 euros) podían obtener grandes beneficios publicitando los servicios de Unetenet.
En abril de 2014 se produjo de manera unilateral el cambio de todos los contratos con los clientes, de modo que desde ese momento los beneficios pasaron a abonarse en una moneda virtual inventada, el "unetecoin" o "únete".
Con los beneficios económicos obtenidos con la captación de inversores, Ramírez creó una estructura destinada a blanquear el dinero obtenido mediante empresas radicadas en algunas ciudades españolas, y en Panamá, Estados Unidos, las islas Granadinas, Malta, Belice, los Emiratos Árabes, las Seychelles y Nueva Zelanda, entre otras.
El entramado societario, compuesto por un sinfín de sociedades interpuestas y figuras jurídicas complejas creadas en diferentes países servía para recibir el dinero de la estafa, y posteriormente, mediante "múltiples y complejas operaciones bancarias", se quedaba a disposición de los líderes de la organización.
La Fiscalía atribuye a los 22 procesados un delito de integración en grupo criminal; a los dos cabecillas les añade el de estafa, y a Ramírez Otero el de blanqueo.
Para él, la Fiscalía pide un total de 11 años y medio de cárcel, en tanto que para el resto de acusados solicita 7 años y medio de cárcel. EFECOM
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