El aborto, un derecho en permanente riesgo: “Es uno de los servicios sanitarios más habituales en España, pero sigue invisibilizado”

A pesar de los avances legislativos en derechos sexuales y reproductivos, el acceso al aborto en España sigue enfrentando obstáculos importantes. Aunque la interrupción voluntaria del embarazo es libre y gratuita hasta la semana 14 de gestación —y hasta la 22 cuando la salud de la mujer está en riesgo o en caso de anomalías graves en el feto—, solo el 20% de los abortos se realizan en la sanidad pública, mientras que el 80% restante se llevan a cabo en clínicas privadas, según los datos del Ministerio de Sanidad. Una desigualdad que se agrava por diferencias territoriales: en comunidades como Madrid y Andalucía, casi la totalidad de las intervenciones se producen en centros privados, mientras que en regiones como Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra, la mayoría se efectúa en hospitales públicos.

Con el objetivo precisamente de “reforzar la obligación de garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas en todo el territorio nacional”, el Gobierno aprobó el pasado martes blindar el derecho al aborto a través de la reforma del artículo 43 de la Constitución, pese a la previsible negativa del Partido Popular, que no apoyará este cambio que necesitaría de una amplia mayoría en el Congreso y en el Senado.

Aunque las posibilidades de que la reforma prospere son bajas, desde la Asociación de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Cataluña consideran positiva “cualquier iniciativa orientada a fortalecer o ampliar el derecho al aborto”. La organización señala que hubiera preferido que la interrupción voluntaria del embarazo se reconociera expresamente como un derecho fundamental dentro de la Constitución, siguiendo el modelo de Francia, donde este derecho fue incorporado a la Carta Magna en 2024 como parte de las libertades, una fórmula que ofrece una protección más amplia y sólida. Es más, en el país galo, a diferencia de lo que ocurre en España, el proyecto para preservar ese derecho contó con el respaldo de todos los partidos políticos, incluyendo la mayoría de los parlamentarios de derecha y extrema derecha.

“Sigue siendo un tabú”

Para que el aborto estuviera reconocido entre los derechos fundamentales de la Constitución española, habría que disolver las Cortes y convocar un referéndum, un proceso que resulta “inviable e incluso podría tener efectos contraproducentes” en el contexto actual, advierte la asociación en conversación con Infobae. Aun así, la organización insiste en destacar la importancia de que el Gobierno impulse propuestas que contribuyan a garantizar el acceso efectivo al aborto en los servicios públicos.

“Situar el aborto en el centro del debate público y político es un avance, porque implica hablar de derechos, autonomía y salud de las mujeres. Además, contribuye a desestigmatizar una cuestión que sigue siendo tabú, pese a que forma parte de la realidad de muchas mujeres. El aborto es uno de los servicios sanitarios más habituales en España y, aun así, es uno de los más invisibilizados”, indica Silvia Aldavert, directora de la Asociación de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Cataluña, que advierte que este derecho “siempre está en riesgo”.

Aun con las dificultades, España cuenta con una de las legislaciones “más progresistas del mundo” respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, pero su implementación no se ajusta a lo que establece la normativa”, advierte la organización. “Es ahí donde está la clave, porque hay que tener en cuenta que la implementación de esta ley corresponde a los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas y eso está generando desigualdades en las mujeres”, añade Aldavert.

Entre los principales obstáculos, se encuentran la objeción de conciencia por parte de profesionales sanitarios, que limita la oferta en hospitales públicos, y la necesidad de que muchas mujeres deban desplazarse a otras regiones para acceder a la intervención. También existen barreras administrativas y desigualdades en el acceso para mujeres migrantes o en situación irregular. Además, recurrir a la sanidad privada genera una sobrecarga económica y emocional, así como dificultades logísticas adicionales.

Aldavert recuerda, no obstante, que el derecho al aborto ya está reconocido por el Tribunal Constitucional, que en 2023 resolvió el recurso presentado por el Partido Popular contra la Ley del aborto de 2010 y avaló el sistema de plazos. En su sentencia, consideró que esta ley respeta la Constitución porque reconoce a las mujeres un margen razonable para decidir sobre su embarazo, en línea con sus derechos a la integridad física y moral, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad.

“Con esa sentencia las mujeres tenemos garantizado el derecho al aborto, porque lo considera un derecho fundamental”, concluye la activista.

Normalizar la prestación

En el informe presentado en septiembre de 2025 por el Ministerio de Sanidad sobre la situación del aborto en el sistema público, el Ejecutivo ya destacaba la necesidad de normalizar la prestación y reforzar el acceso equitativo en todo el territorio.

Los datos indican que en 2024 el porcentaje de abortos realizados en centros públicos supera el 60% en Cantabria (88%), Galicia (77%), La Rioja (76%) y Navarra (74%). Cataluña registró un 55%, Baleares un 45% y Canarias un 28%, mientras que el resto de comunidades queda por debajo del 20%, con cifras especialmente bajas en Andalucía (0,2%), Madrid (0,47%) y sin ningún caso registrado en Extremadura, Ceuta y Melilla.

El informe también muestra que el método empleado para la interrupción voluntaria del embarazo varía según el lugar donde se realiza. En Cantabria, Navarra, La Rioja y Galicia la mayoría de los abortos se realiza con fármacos (entre el 68% y el 86%), que resultan más sencillos de implementar, mientras que en Andalucía y Madrid predomina el método quirúrgico (86% y 94%).