
La tensión sobre los mercados energéticos por la guerra en Oriente Medio y el riesgo de que persistan los problemas de tránsito por el estrecho de Ormuz han devuelto al primer plano medidas de ahorro que parecían propias de otras crisis. En ese contexto, la Comisión Europea ha instado a los Estados miembros a coordinar sus preparativos ante la volatilidad del mercado y a considerar medidas voluntarias para reducir el consumo de combustible, especialmente en el transporte, mientras la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha vuelto a situar el trabajo desde casa entre las fórmulas para recortar la demanda de petróleo.
La recomendación no es menor. En su informe Sheltering From Oil Shocks, publicado el 20 de marzo, la AIE plantea diez medidas para amortiguar el impacto del actual shock petrolero sobre hogares, empresas y gobiernos. La primera de ellas es precisamente “trabajar desde casa cuando sea posible”, con el argumento de que reduce el consumo ligado a los desplazamientos diarios.
España, sin embargo, llega a ese debate con una implantación del teletrabajo inferior a la media comunitaria. Según el informe ‘Transformación energética sostenible y empleo’, elaborado por Randstad Research, en 2024 trabajaba habitual u ocasionalmente desde su domicilio el 15,4% de los ocupados en España, frente al 22,6% del conjunto de la UE, lo que sitúa al país casi un 32% por debajo del promedio comunitario.
No obstante, el dato español casi duplica el nivel prepandemia -era del 8,3% en 2019-, pero sigue lejos del registrado en otros países europeos.
Disminuir los desplazamientos
La AIE vincula en su paquete de medidas esta modalidad de trabajo con el ahorro de petróleo asociado al uso del coche. La lógica es sencilla: si una parte de la plantilla deja de desplazarse varios días por semana, cae la demanda de carburante en carretera. Entre las recomendaciones del organismo se encontraba también rebajar límites de velocidad, impulsar el transporte público o fomentar el coche compartido.
Por su parte, el informe de Randstad subraya esa misma relación al señalar que el teletrabajo “permite una reducción del consumo de energía destinado al transporte de las personas a lugares de trabajo, como oficinas”. Aunque este vínculo ya existía, la actual situación de fuerte presión sobre los precios y el suministro energético ha devuelto el trabajo en remoto al centro del debate.
España avanza, pero sigue rezagada
El estudio de Randstad muestra además que el trabajo a distancia está mucho más extendido en economías europeas más desarrolladas y que en países como Países Bajos, Luxemburgo o Dinamarca supera el 40% de los ocupados. España, con ese 15,4%, se sitúa claramente por debajo tanto de esos líderes como de la media europea.
La fotografía encaja con otros indicadores recientes. El INE señala que en el primer trimestre de 2025 solo el 37,4% de las empresas españolas de 10 o más empleados permitía teletrabajar a su plantilla, aunque el porcentaje subía hasta el 78% entre las compañías de 250 o más trabajadores. Además, el 20% de los empleados teletrabajaba regularmente, apenas dos décimas más que un año antes.
También pierde peso en la oferta empresarial. El último informe desarrollado por InfoJobs y Esade sobre el mercado laboral en España en 2025 sitúa el teletrabajo en el 11% de las vacantes, tres puntos menos que un año antes. Aunque el indicador no mide lo mismo que Randstad -uno refleja ofertas y otro ocupados-, ambos apuntan a una misma tendencia: esta fórmula no termina de consolidarse con fuerza en nuestro país.
Un freno que se explica principalmente por la estructura del empleo
Esa menor implantación no responde solo a una cuestión de voluntad empresarial. Eurofound, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, recuerda que la geografía del teletrabajo en la UE depende en gran medida de la estructura ocupacional de cada país y de factores habilitadores como la conectividad. En otras palabras, no todos los mercados laborales tienen el mismo margen real para trasladar empleo a distancia, y el peso de sectores con mayor presencialidad condiciona su extensión.
La propia agencia europea estima además que alrededor del 37% del empleo en la UE sería potencialmente teletrabajable, una proporción superior a la utilización efectiva previa a la pandemia. Eso ayuda a entender por qué el debate no depende solo de preferencias empresariales o demandas de los trabajadores, sino también del tipo de ocupaciones que predominan en cada economía.
A esa base estructural se suma un factor organizativo. El informe sobre teletrabajo y flexibilidad en España elaborado por la consultora Robert Walters apunta a una mayor cautela empresarial respecto al trabajo a distancia y recoge que parte de las compañías está revisando o endureciendo sus políticas remotas. El estudio, basado en una encuesta a profesionales cualificados y complementado con opiniones de expertos, no retrata por completo al mercado laboral español, pero sí refleja que en este segmento pesan factores como el control del desempeño, la productividad percibida y la cultura organizativa.
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