Adif vuelve a estar en el foco del caso Adamuz por la sustitución de las vías: las preguntas de la jueza y en qué afectan a la investigación del accidente

La investigación judicial sobre el accidente ferroviario de Adamuz sigue estrechando el foco sobre la actuación de Adif en los días y semanas posteriores al siniestro. La última polémica radica en la sustitución de un tramo de vía que llevó a cabo la empresa pública en medio de la instrucción.

La noche del 3 al 4 de marzo Adif procedió a cambiar 36 metros de carril en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2 en la zona de Adamuz. Esta actuación fue comunicada por la propia entidad al juzgado mediante un correo electrónico el 2 de marzo, informando de que la sustitución se iba a realizar de forma inminente dentro de labores consideradas de mantenimiento ordinario.

Según Adif, el motivo de la sustitución fue la detección de un problema de trazabilidad y ausencia de certificado de calidad en ese carril, tras lo cual se decidió reemplazarlo por otro con la documentación necesaria. Además, la noche siguiente, del 4 al 5 de marzo, se sustituyeron otros 42 metros de vía en la misma zona con el argumento de homogeneizar la dureza de los raíles, aunque este segundo tramo no había sido notificado previamente al juzgado.

Estas acciones no han pasado desapercibidas para la instructora, que esta misma semana ha requerido a esta entidad que detalle, en un plazo de cinco días, los motivos técnicos que llevaron a reemplazar el carril de 36 metros, así como la identidad de la empresa suministradora del material defectuoso y de la persona que notificó la incidencia, desde quien recomendó la sustitución preventiva hasta los responsables de Adif que autorizaron la actuación.

La importancia de este tramo de vía

Y es que la relevancia de este tramo radica en que el carril sustituido se encuentra en el entorno donde los peritajes tratan de determinar si se originó el fallo que desencadenó el descarrilamiento. De esta manera, es de suma importancia conocer su estado previo, su historial de mantenimiento y las razones de su retirada resultan determinante para reconstruir lo ocurrido.

Aquí nace la pregunta de la jueza: si la sustitución responde a un defecto detectado con anterioridad o si se trata de una actuación posterior al accidente sin relación directa con su causa. La mención a una posible “sustitución preventiva” introduce, de hecho, una de las incógnitas clave del procedimiento: si existían indicios previos de deterioro en la infraestructura que pudieran haber sido advertidos antes del siniestro.

A esta cuestión se suma la del propio material retirado. El carril original constituye una prueba física esencial, susceptible de análisis pericial para determinar si presentaba fracturas, fatiga del metal o fallos de fabricación. De ahí que la magistrada insista en la trazabilidad completa tanto del elemento sustituido como del nuevo instalado, así como en la identificación de todos los intervinientes en el proceso.

La providencia también amplía el foco al requerir explicaciones sobre los otros 42 metros de carril reemplazados en la misma zona, lo que levanta sospechas de que esta actuación no sea algo puntual. Este extremo, unido al encargo a la Guardia Civil para analizar si el supuesto defecto puede afectar a otros tramos de la línea, apunta directamente a la posibilidad de un problema más amplio en la infraestructura, pero que todavía tiene que ser investigado. También se busca con esta acción que se garantice que cualquier intervención realizada tras el accidente no haya comprometido la integridad de las pruebas.

El traslado de los “cupones de raíl”

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que Adif se convierte en el centro de la polémica en los dos meses que lleva activa la investigación. A finales de enero, la Guardia Civil informó al juzgado que personal de Adif retiró fragmentos de vía del lugar del accidente antes de que concluyera la inspección judicial y sin autorización previa, trasladando los llamados “cupones de raíl” a la base de mantenimiento de Hornachuelos, donde se les practicaron pruebas de dureza calificadas como no destructivas.

Según el informe de los investigadores, al que tuvo acceso Infobae, “personal de Adif realizó distintas operaciones tendentes a la extracción y traslado de material desde la zona del accidente hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos (Córdoba) y practicó distintas pruebas en el material, sin advertirlo ni solicitarlo”.

La jueza respondió con una providencia fechada el 10 de febrero, en la que reprendió a Adif y le ordenó abstenerse de efectuar nuevas extracciones o pruebas sobre material relacionado con la causa sin autorización judicial previa.

“Se requiere a Adif para que se abstenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa y práctica de cualquier prueba sobre el material extraído, si no es previa autorización judicial, así como la restitución inmediata del material que obre en su poder, todo ello bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal que resultara procedente”, escribió en la providencia.