La organización Civio ha denunciado este viernes que los grupos parlamentarios de PSOE y Sumar han introducido una enmienda a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad para blindar la confidencialidad del precio real de los medicamentos. Los partidos del gobierno de coalición intentan evitar así “que una interpretación judicial restrictiva” por parte del Tribunal Supremo “obligue a divulgar los precios efectivos y acuerdos de financiación, con efectos estructurales sobre el gasto y el mercado farmacéutico”.
Civio solicita desde el año 2019 al Ministerio de Sanidad acceso a las resoluciones de varios medicamentos, en las que se detalla el precio real y las condiciones de financiación, negociadas en secreto con las farmacéuticas. El Gobierno hace público el precio máximo por el que se puede obtener este fármaco en la sanidad pública, pero esta cifra no suele coincidir con el valor real por el que los adquieren las administraciones. “En Civio estamos convencidos de que, por culpa de este oscurantismo los países negocian a ciegas y peor. Y también de que la transparencia es una herramienta básica para reducir riesgos de abuso, arbitrariedad o captura en decisiones que mueven muchísimo dinero público”, expresan en un comunicado"
Pese a las negativas por parte del Gobierno, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima desde 2020 que esa información es de interés público. La publicación de estas cantidades lleva varios años en los juzgados españoles y, en enero de este año, el Tribunal Supremo admitió un recurso de casación de Civio para esclarecer si puede imponerse o no la confidencialidad sobre el precio y las condiciones de financiación de un medicamento pagado con dinero público.
Una enmienda para adelantar al Tribunal Supremo
Mientras se espera el fallo del alto tribunal, Sumar y PSOE han movido ficha y han aprovechado la tramitación parlamentaria de la ley de discapacidad para evitar tener que publicar estos datos. En la enmienda número 259, publicada el 12 de marzo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, se establece que “los acuerdos de financiación que se alcancen, así como la información derivada de los mismos o de su aplicación, incluyendo los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones Públicas, tendrán carácter confidencial y no podrán ser revelados ni por la Administración General del Estado ni por las empresas u otras entidades que sean parte en dichos acuerdos”.
Se trata de un criterio también recogido en el anteproyecto de Ley del Medicamento por el Ministerio de Sanidad. El borrador de la norma establece “la confidencialidad de los acuerdos de financiación”, si bien se publicará “información accesible para el público general sobre la financiación de cada producto, así como información agregada sobre el gasto en medicamentos y productos sanitarios”.
Desde Civio, han remitido un escrito a la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, así como a la Comisión de Sanidad, con el objetivo de que tumben la enmienda. Según la organización, este añadido a la ley de discapacidad “supondría el mayor retroceso en materia de transparencia del gasto público sanitario de las últimas legislaturas”. La organización considera que tanto Sumar como PSOE intentan utilizar una ley “de amplio consenso social” para tapar “una reforma que blinda la opacidad del gasto farmacéutico público”.
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