La Justicia noruega eleva la presión sobre Marius Borg Høiby. La Fiscalía ha solicitado una condena de siete años y siete meses de prisión para el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, al considerarlo responsable de varios delitos graves, entre ellos la supuesta agresión sexual a cuatro mujeres.
Durante la recta final del juicio celebrado en Oslo, el fiscal Sturla Henriksbo ha defendido la dureza de la pena argumentando el profundo impacto que estos hechos pueden tener en las víctimas: “La violación puede dejar cicatrices permanentes y destruir vidas”. Según ha expuesto, este tipo de delitos puede dejar secuelas e incluso marcar de por vida a quienes los sufren: “Puede ser algo que la víctima lleve consigo durante toda su vida”.
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El acusado, de 29 años y nacido de una relación anterior de la princesa antes de su matrimonio con el príncipe heredero Haakon de Noruega en 2001, se enfrenta a un total de 40 cargos, cuya pena máxima podría alcanzar los 16 años de cárcel. No obstante, ha rechazado las acusaciones más graves que pesan sobre él.
El juicio, que se inició a comienzos de febrero, ha ido ganando complejidad con el paso de las semanas. Marius Borg Høiby se enfrenta a un total de 40 cargos, entre los que figuran delitos de carácter sexual, episodios de violencia y otras infracciones. La pena máxima a la que podría enfrentarse alcanza los 16 años de prisión, aunque la Fiscalía ha optado por una solicitud concreta inferior a ese límite.
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A lo largo del proceso, el acusado ha mantenido una posición parcialmente contradictoria. Por un lado, ha reconocido su responsabilidad en una parte significativa de los cargos —más de una veintena—, mientras que ha rechazado de forma contundente las acusaciones más graves, especialmente las relacionadas con las presuntas violaciones. Según su versión, las relaciones que mantuvo fueron consentidas, una línea de defensa que ha sostenido desde el inicio del juicio.
Un antes y después en su reputación
La vista oral ha estado marcada también por la decisión del tribunal de mantener al acusado en prisión preventiva. La solicitud de su defensa para afrontar el juicio en libertad fue rechazada al considerar el juez que existe un riesgo elevado de reincidencia. Esta circunstancia ha prolongado su estancia en prisión desde principios de febrero, cuando fue detenido pocos días antes del arranque de las sesiones.
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En la jornada final, el hijo de Mette-Marit de Noruega tomó la palabra ante el juez en un alegato que ha tenido gran repercusión mediática. En su intervención, describió el fuerte impacto que, según él, ha tenido la exposición pública del caso en su vida personal. “La presión mediática a la que he estado sometido me ha borrado como persona. Ya no soy Marius, soy un monstruo. Soy objeto del odio de toda Noruega”, aseguró según el medio VG.
En ese discurso, el acusado expresó que ha perdido la mayor parte de su círculo social y que vive una situación de soledad extrema: “Salir en el periódico todos los días, durante todo el año, te afecta como persona. Porque ya no sabes quién eres. No me reconozco en lo que escriben sobre mí… Es como una obsesión que tengo”. Esta sobreexposición, afirmó, le ha generado un profundo malestar psicológico. Además, explicó que se encuentra bajo evaluación médica por posibles trastornos derivados de la situación, como ansiedad, depresión o estrés postraumático.
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Una sentencia histórica en la realeza
El juicio ha contado con una gran expectación desde el primer momento, no solo por la gravedad de los delitos investigados, sino también por las implicaciones que tiene para la imagen de la monarquía noruega. Aunque Marius Borg Høiby no desempeña funciones oficiales, su vínculo familiar con el príncipe heredero Haakon de Noruega ha contribuido a amplificar el interés mediático.
A la espera de la sentencia, que previsiblemente no se conocerá hasta el mes de mayo, el caso entra ahora en su fase decisiva. Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, le tocará tomar el testigo a los representantes de los denunciantes y la última palabra la tendrá la defensa. Será entonces cuando el tribunal determine si la pena solicitada por la Fiscalía se ajusta a los hechos probados o si procede modificarla.
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