España, entre los países europeos más expuestos al impacto económico del cambio climático: la deuda pública podría ser un 81% superior a la prevista para 2050

Según el último análisis de la New Economics Foundation, las pérdidas económicas por fenómenos climáticos extremos en la UE han superado los 650.000 millones de euros

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Varios servicios de emergencia tratan
Varios servicios de emergencia tratan de apagar un incendio en León, en 2025. (Xuan Cueto/Europa Press)

La deuda pública de España puede aumentar un 81% respecto a las previsiones oficiales para 2050 por culpa del impacto del cambio climático. Estas son las conclusiones del último estudio de la New Economics Foundation, que advierte de que, si no se actúa de manera urgente para mitigar los riesgos climáticos, la economía española será de las más afectadas de la Unión Europea. Estas previsiones sitúan a nuestro país en una posición especialmente vulnerable dentro del bloque mediterráneo.

Según los datos del estudio, la proyección para 2050 indica que la deuda pública media de los Estados miembros de la Unión Europea puede aumentar en un 58% sobre las previsiones oficiales, cifra que alcanzaría un 197% en 2070 si no se toman medidas. España, junto con otros países del sur de Europa como Italia, Grecia y Portugal, sufriría un incremento muy por encima de la media.

El informe señala que “las pérdidas son más graves en la región mediterránea (Croacia, Grecia, Italia, Portugal y España)”. Para los países de esta zona, incluido España, el escenario de inacción climática se traduce en una pérdida media del 12% del PIB para 2070 respecto a las estimaciones actuales. Esta situación llevaría a un deterioro de la capacidad fiscal del Estado y a un aumento sostenido de los costes de endeudamiento.

Las pérdidas climáticas en la UE superan los 650.000 millones

Durante las últimas décadas, el coste económico de los fenómenos climáticos en la Unión Europea ha ido en aumento. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, las pérdidas asociadas al clima han superado los 650.000 millones de euros entre 1980 y 2022, y la media anual ya rebasa los 20.000 millones. Solo una pequeña proporción de estos daños está cubierta por seguros privados, menos del 20%, lo que obliga a los gobiernos a asumir la mayor parte de los gastos. Un desequilibrio que incide directamente sobre el endeudamiento público y limita el margen de maniobra fiscal.

La presión sobre el presupuesto público de España y del resto de países del sur de Europa se agrava ante la necesidad constante de invertir en reparación y adaptación, una tendencia que el estudio de la New Economics Foundation describe así: “El aumento de la frecuencia y la gravedad de los desastres relacionados con el clima se traduce en un incremento del gasto público y, potencialmente, en un aumento de la deuda pública, especialmente cuando las pérdidas no están cubiertas en su mayor parte por seguros”.

Pérdidas económicas derivadas de fenómenos
Pérdidas económicas derivadas de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en Europa (precios de 2023), 1994-2023. (New Economic Foundation; Datos del EEA y CATDAT, 2024).

De igual manera, el análisis recalca que “los fenómenos meteorológicos extremos imponen costes directos a los presupuestos públicos”, ya que “los gobiernos deben responder a las emergencias, reparar los daños y prestar apoyo a las comunidades afectadas”. Asimismo, se alerta de que, en ausencia de inversiones tempranas y masivas en medidas para mitigar y adaptar los entornos, la presión fiscal directa podría superar el 0,5% del PIB anual para 2070 solo en respuesta a daños climáticos directos, cifra que no contempla otras consecuencias secundarias sobre la recaudación o el gasto social.

La publicación de la New Economics Foundation detalla distintos escenarios para las próximas décadas. En el supuesto de inacción, España sobresale como uno de los países que más se alejará de las previsiones oficiales de deuda. En 2050, la ratio deuda/PIB podría situarse un 81% por encima de lo esperado, un resultado que supera ampliamente a economías como Alemania, Francia o los países nórdicos. El informe advierte de que “la región mediterránea experimenta los mayores incrementos de deuda sin nuevas inversiones climáticas, impulsados sobre todo por grandes pérdidas de PIB y el encarecimiento de los costes de financiación”.

Inversión y coordinación, claves para frenar el alza de la deuda

Sin embargo, existen alternativas para contener este deterioro fiscal. El informe recoge que, si la Unión Europea pone en marcha una inversión temprana y decidida en mitigación y adaptación, el exceso de deuda respecto a la previsión oficial podría limitarse a un 47% en 20250, frente al 58% del escenario de inacción. Un retraso en la inversión pública, posponiendo las acciones hasta la próxima década, elevaría el coste adicional hasta un 53% en el mismo horizonte temporal.

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La New Economics Foundation subraya la importancia de una respuesta coordinada entre países. Y recomienda, además, la combinación de políticas fiscales y monetarias más flexibles, junto a una fiscalidad progresiva para reducir el impacto sobre la deuda. Según el estudio, “las normas fiscales y la gobernanza económica de Europa deben evolucionar ahora para reflejar esta realidad, integrando el riesgo climático, apoyando la inversión pública productiva, aplicando una fiscalidad justa y alineando la política monetaria y fiscal para construir una estabilidad duradera”.

El coste de cumplir con los objetivos climáticos de la Unión Europea implicaría destinar una inversión pública adicional del 1,6% del PIB anual solo para mitigación, cifra propuesta por el Institut Rousseau y recogida en el informe. Los costes de adaptación también varían según el nivel de calentamiento global, estimándose en 40.000 millones de euros al año para un escenario de 1,5 ºC y hasta 200.000 millones anuales si la temperatura media sube entre 3 ºC y 4 ºC.

El análisis de la New Economics Foundation concluye que únicamente “mediante la eliminación gradual de las subvenciones a los combustibles fósiles y el despliegue de un conjunto más amplio de herramientas de fiscalidad progresiva y coordinación monetaria y fiscal, Europa puede reducir el coste del capital para las inversiones ecológicas, al tiempo que garantiza que la transición se financie de forma equitativa”.