Los arqueólogos se rebelan contra ‘el sueldo’ que les ofrece Madrid para supervisar las obras del Canal: “Denigra a la profesión, es una retribución indigna”

Los arqueólogos se rebelan contra la Comunidad de Madrid. Piden al Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso que retire la licitación para contratar empresas especializadas que supervisarán que las obras de mejora en la red de suministro de agua no dañen yacimientos de valor histórico. El Colegio Profesional de Arqueología de Madrid asegura que la oferta económica presentada por el Canal de Isabel II (la empresa pública encargada de los trabajos) “denigra la profesión” y que “apenas está por encima del Salario Mínimo Interprofesional. Es una vergüenza”. A pesar de ello, seis empresas se han presentado al proceso de adjudicación. “Es verdad que la oferta no es muy generosa, ya veremos si al final salen las cuentas justitas”, explica una de ellas.

La Comunidad de Madrid necesita arqueólogos. El Canal ha destinado 67 millones de euros para ayudar a municipios pequeños, de menos de 2.500 habitantes, a renovar sus infraestructuras hidráulicas de alcantarillado. Se trata de 25 localidades que tendrán que hacer obras en sus términos municipales para mejorar la red que lleva el agua a sus vecinos. Obras que serán asumidas en un 76% por el Canal de Isabel II y el 24% restante mediante el establecimiento de la correspondiente cuota suplementaria en la futura factura de consumo. Pero estos trabajos conllevan una obligación: que los trabajos de excavación que se tengan que realizar no dañen posibles restos arqueológicos. Algo que obliga la ley madrileña de Patrimonio Cultural. Para ello, el Canal de Isabel II está dispuesto a pagar 581.000 euros por esta asistencia técnica que durará cuatro años.

Pero leyendo la letra pequeña del contrato, se establece que se trata de un acuerdo marco (en que participarán varias empresas) que se materializará en unos 30 contratos. La duración media de las obras asociadas a cada uno de esos contratos será de 12 meses. “De esta forma, se obtiene el siguiente importe mensual de los trabajos de control arqueológico del movimiento de tierras durante el desarrollo de las obras: una base imponible mensual de 1.335 euros”, que con el IVA se va a 1.615 euros. El Salario Mínimo Interprofesional se ha fijado desde este viernes en 1.221 euros en 14 pagas. “Es indignante. Cómo si fuéramos un peón de albañilería. No somos una profesión reconocida”, explica Carlos Caballero, portavoz del Colegio Profesional de Arqueología de Madrid.

Para el colegio, que tiene unos 359 miembros, es “una buena noticia” que el Canal convoque una licitación en la que se pretende contratar la vigilancia arqueológica de sus obras en 25 municipios, lo que “revela que el conocimiento y estudio de nuestro patrimonio arqueológico está por fin empezando a ser entendido como una parte ineludible de las obras civiles”.

Pero todo tiene matices, y “aquí hay uno muy serio” que desvirtúa por completo la aparente buena iniciativa del Canal de Isabel II: las condiciones laborales que se fijan para quienes tengan que realizar los trabajos de supervisión arqueológica, que establecen sueldos base de licitación ligeramente por encima del Salario Mínimo Interprofesional. “Lo que supone admitir que, siendo inevitable la presencia de profesionales de la arqueología en las obras civiles, lo mejor para el promotor es que hagan su trabajo en las peores condiciones posibles”, comenta Caballero.

Seis empresas

A pesar de estas críticas del Colegio, seis empresas se han presentado a la licitación, por lo que en principio les han parecido razonables las condiciones económicas fijadas por la Comunidad de Madrid. El portavoz de una de ellas, la firma zaragozana ‘Paleoymas’, sí reconoce, no obstante, que la oferta del Canal podría haber sido “más generosa”, pero que han hecho cuentas y en principio “sí nos salen”. Hay que tener en cuenta, explican, que los equipos arqueológicos no tienen que estar jornadas completas acompañando a los operarios del Canal. “Son trabajos específicos durante un periodo de tiempo determinado”.

Otro portavoz de otra de ellas, ‘Grupo 365 Arqueología’, explica que también han hecho sus cuentas y que, al ser un acuerdo marco, trabajarán en un paquete de obras que economizará los costes. “Hay que tener también en cuenta que nuestros arqueólogos tienen sus nóminas fijas. Su sueldo no depende de lo que va a pagar la Comunidad a las empresas que sean elegidas”.

El Colegio Profesional, no obstante, considera “que la licitación debería retirarse y volverse a convocar previa consulta a los agentes implicados, porque resulta inadmisible que, ante la falta de regulación y el imperio del libre mercado, una empresa pública de la Comunidad de Madrid precarice a toda una profesión”. Algo de lo que no tiene intención el Canal de Isabel II.

Alicia Torija, diputada de Más Madrid, está con los arqueólogos. “Una empresa pública como Canal de Isabel II debería velar en cualquier licitación por la dignidad profesional. Su oferta para el seguimiento arqueológico de obras en 25 municipios de la región y por varios años no ha comprendido en qué consiste verdaderamente la arqueología preventiva”, señala. ¿Por qué? Porque el pliego de condiciones deja claro que el equipo arqueológico estará supervisado por un director, un ingeniero elegido por el Canal.

“Considerar que una persona sin cualificación arqueológica será la responsable última de los trabajos denigra la formación que tienen los arqueólogos, cuestiona los resultados del trabajo y pone en peligro su independencia. El maltrato que el neoliberalismo más atroz ha ejercido en la arqueología de la región no puede justificar tampoco que desde la propia Comunidad de Madrid se amparen sueldos de miseria. Solicitamos que se retire la licitación y que se mejoren las condiciones que se ofertan”, subraya Torija.