El Consejo de Estado francés, el organismo encargado de resolver los litigios entre los ciudadanos y la administración pública, ha confirmado la suspensión de 18 meses para un dentista de la localidad de Pierrefitte-sur-Seine, tras considerar que sus deficiencias profesionales representaban un “peligro” para la seguridad de los pacientes. La más alta instancia administrativa francesa respaldó la sanción tras un proceso en el que se evaluaron reiteradas faltas y la insuficiencia de las medidas correctivas.
En una resolución hecha pública recientemente, el Consejo de Estado sostuvo que el “Consejo Nacional de la Orden de Cirujanos Dentistas aplicó correctamente las disposiciones del Código de Salud Pública”. La sentencia remarca que, según el código vigente, “en caso de insuficiencia profesional que haga peligrosa la práctica de la profesión, el consejo regional debe pronunciar la suspensión temporal del derecho a ejercer, por un período determinado que puede renovarse si es necesario”.
La decisión se produjo tras un largo proceso de evaluación de la práctica del dentista, que había sido suspendido previamente por seis meses. La sanción fue ampliada después de que varios expertos detectaran que persistían los riesgos para la seguridad de los pacientes.
El origen de este caso que ha terminado en los tribunales franceses se remonta a diciembre de 2023, cuando los inspectores de las autoridades sanitarias detectaron “un gran número de actos no conformes con el conocimiento científico actual”. Entre los hallazgos figuraban “tratamientos defectuosos” y “deficiencias que pueden afectar la calidad y la seguridad de la atención a los pacientes”.
Un grupo de tres especialistas evaluó de nuevo al dentista en diciembre de 2024 y le planteó preguntas “sobre los diferentes campos de la medicina y la cirugía bucodental”, emitiendo una opinión “sobre la calidad de las respuestas ofrecidas y, en su caso, el nivel de peligrosidad asociado a los errores o insuficiencias detectadas”.
“Obligación de seguir una formación universitaria”
En otras palabras, el dentista no tenía los conocimientos necesarios para ejercer su profesión. Los expertos concluyeron que el profesional presentaba “deficiencias en el conocimiento de los medicamentos, de los exámenes biológicos básicos y de las lesiones más frecuentes de la mucosa bucal, así como importantes lagunas en anatomía y en la gestión de pacientes de riesgo, además de en su formación médica y farmacológica”. Según los evaluadores, “algunas de estas carencias pueden suponer riesgos para la seguridad de sus pacientes”.
Por ello, le impusieron la “obligación de seguir una formación universitaria, teórica y práctica, de una duración total equivalente a un año académico, sobre radiología, endodoncia, prótesis removible y total, periodoncia, implantología, cirugía general, patología general, farmacología y gestión de pacientes de riesgo”. Sin embargo, el dentista ha rechazado seguir esa formación y se ha dedicado a apelar reiteradamente la sanción.
Ahora, la alta jurisdicción señaló que, tras analizar “los límites de las formaciones seguidas para remediar las deficiencias detectadas”, el profesional seguía mostrando “insuficiencias profesionales que hacían peligrosa su práctica profesional”. El tribunal concluyó que la decisión estaba “suficientemente motivada” y que la instancia disciplinaria hizo una “apreciación exacta” de la normativa aplicable, desestimando así el recurso del dentista.
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