El Gobierno estudia imponer penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler

El Gobierno negocia con los grupos parlamentarios la introducción de penalizaciones ficales a los arrendadores que suban el precio de sus viviendas en alquiler, según adelantaba esta mañana El País y han confirmado fuentes oficiales a Europa Press. La inicitiva contemplaría castigar a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a aquellos caseros que incrementen el importe de las rentas al renovar contratos, sin afectar a las actualizaciones anuales aplicadas normalmente en función de la evolución del índice de precios al consumo (IPC).

Tras el rechazo de los socios del Gobierno a la propuesta del Ejecutivo de bonificar con el 100% del IRPF a los propietarios que mantengan los precios, los ministerios de Hacienda y Vivienda estudian ahora un modelo que combine estas ayudas fiscales con herramientas para desincentivar el encarecimiento de los contratos. Estas negociaciones llegan en un contexto en el que cerca de 1,6 millones de inquilinos encaran potenciales subidas del 30% por la finalización de más de 630.000 contratos este 2026.

Hasta ahora, la estrategia del Ejecutivo se había basado en reducciones y deducciones estatales para los caseros, que podrían verse modificadas si esta iniciativa, aún sin cerrar, acaba saliendo adelante. Según han comunicado fuentes oficiales a Efe, la nueva fórmula se basaría en aplicar la bonificación del 100% para los caseros que no alteren el precio y disminuir el porcentaje de la reducción general del 50% para los que sí aumentan las rentas, aunque descartan eliminarla por completo.

Sumar cree que la medida tendrá un efecto “cosmético”

Tanto Sumar como Podemos y EH Bildu han reiterado su negativa a respaldar las ayudas a los propietarios como medida para beneficiar a los inquilinos. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Cosnumo y Agenda 2030 y la formación política liderada por Yolanda Díaz, socio minoritario del Gobierno del PSOE, han defendido una prórroga automática de los alquileres actuales como única opción para frenar la escalada de precios a la que brindarán su apoyo.

Sobre la nueva propuesta, Sumar ha subrayado que merma el “privilegio fiscal” de los caseros sin suprimirlo y califica de meramente “cosmético” su impacto sobre los precios. Además, la formación recuerda que ya garantizó su ‘no’ a planteamientos que centren los intereses de los arrendadores en lugar de los de los arrendatarios cuando esta medida se planteó anteriormente en la mesa de negoaciación. Los de Díaz tachan de “injusta” la vía de los incentivos fiscales y lamentan que la hoja de ruta del Gobierno para moderar el encarecimiento de la vivienda depende de la buena voluntad del casero.

Mayor control sobre contratos de temporada y por habitaciones

Los planes del Gobierno para regular el mercado de vivienda también incluyen nuevos límites a los contratos de temporada para evitar abusos en los alquileres de corta duración. Según informa Europa Press, estas modificaciones legales establecerían condiciones estrictas para que un alquiler se considere de temporada y sanciones frente a los incumplimientos.

Otro de los objetivos del Ejecutivo son los alquileres por habitaciones, que hasta ahora quedan excluídos de la mayoría de regulaciones de la Ley de Vivienda. El planteamiento del Gobierno busca garantizar que la suma de las rentas de todos las habitaciones de un inmueble no superen el valor de la misma vivienda entera en alquiler. Además, se aplicarán la misma normativa que al resto de alquileres en los territorios declarados zonas tensionadas.

*Con información de agencias