Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Acciona está echando un pulso al Gobierno de España, en concreto al Ministerio de Transportes que lidera Óscar Puente. La constructora ha decidido paralizar las obras del puente del Centenario de Sevilla, el proyecto más importante que se está llevando a cabo en Andalucía, porque Transportes le ha cortado el grifo. Acciona había tramitado ya un segundo modificado (el primero sí fue aprobado) que elevaba el presupuesto de la obra, pero el Consejo de Obras Públicas, órgano colegiado consultivo del ministerio, ha emitido un informe desfavorable. No habrá más dinero. ¿Qué ha hecho Acciona?

De momento, la importante empresa dirigida por la familia Entrecanales ha parado las obras y ha contratado a la consultora Inca Patrimoniales (especializada en la gestión de contratos y las reclamaciones en infraestructuras) para que le ayude a posicionarse favorablemente ante futuras reclamaciones. Los expertos de Inca han trasladado a Esteba Tolosana (responsable del departamento de Gestión Contractual) y a otros directivos de Acciona que el objetivo “es identificar los motivos de la paralización total”. Para ello, si es necesario, hay que “identificar eventuales partidas ejecutadas que no se hayan certificado, figuren o no en el proyecto”, según documentación interna a la que ha tenido acceso este diario.

Llama la atención que en estas comunicaciones internas se hable abiertamente de identificar las partidas ejecutadas (las obras realizadas) que todavía no se hayan certificado, aunque incluso no estén en el proyecto inicial. La obra del Puente del Centenario fue adjudicada en 2021 a una UTE formada por Acciona, Tecade y Fressinet con un procedimiento que está en estos momentos bajo sospecha en la investigación que salpica al exministro José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García. De hecho, tres exdirectivos de Acciona están imputados

El presupuesto de adjudicación fue de 86,4 millones de euros y ya en 2023, el Gobierno central aprobó una primera modificación del contrato por un importe de 16,4 millones de euros. “Es lo que suele pasar. Se licita a la baja para llevarse el contrato, sabedoras estas empresas que luego se aprobarán nuevos modificados que incrementarán el precio. Así pasó con el primer modificado, pero estalló el caso Ábalos y el ministerio ha cortado los pagos. Y eso que Acciona tenía preparados un tercer y cuarto modificado”, señalan fuentes del sector.

Es decir, a los 86,4 millones de euros anuales se sumaron luego otros 16,4 millones. Este segundo modificado incluía otra partida de casi 26 millones, hasta alcanzar ya los 128,7 millones de euros, casi un 50% más de lo previsto inicialmente. Acciona, asesorada por Inca, ha llevado ya a las obras a un notario para “dar fe de la paralización general de las obras, de los acopios presentes, de los medios auxiliares más significativos y tomar nota de los trabajadores allí presentes”. Luego, un perito también visitará los trabajos para hacer una valoración económica. Una valoración que le permita justificar a la empresa que sin esos modificados no puede asumir el proyecto.

Plazos no cumplidos

En cuanto a los plazos, las obras se adjudicaron para que se ejecutaran en 27 meses (dos años y medio), de forma que partían con el objetivo de estar finalizadas a finales de 2023. Sin embargo, ha pasado ya el doble de tiempo y no se vislumbra aún una fecha clara para terminar los trabajos, con el problema ahora de este parón. La última estimación, difundida por el propio ministro, situaba el plazo a lo largo de 2026, objetivo cada vez más difícil de cumplir. El objetivo primordial de esta actuación era sustituir los tirantes del puente por otros más modernos y de mayor durabilidad y ganar un carril adicional para los vehículos para acabar con la saturación habitual de esta infraestructura. La Guardia Civil investiga ahora si Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, se llevó comisiones por esta obra.