La Seguridad Social endurece el control sobre empleados con dos o más bajas médicas: estos son los cambios

El sistema de protección social en España ha experimentado un giro relevante, con la Seguridad Social habilitando un control más estricto sobre los trabajadores que acumulan dos o más bajas médicas en un periodo de doce meses.

El cambio responde al propósito de limitar el gasto creciente vinculado a la Incapacidad Temporal (IT), una preocupación que el Gobierno ha abordado tras constatar la advertencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Este nuevo enfoque busca equilibrar la protección del trabajador y el control del gasto, reforzando la transparencia en los procesos de concesión de bajas y la justificación médica de las mismas. En declaraciones recientes, la ministra Elma Saiz, actual responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha situado como eje principal de la iniciativa la supervisión de aquellos empleados que repiten bajas a lo largo de un mismo ejercicio.

El Gobierno ha puesto en marcha esta medida fruto de la evaluación de la AIReF sobre el gasto público, donde la “recurrencia” ha sido calificada como factor determinante del desequilibrio de las cuentas estatales. La medida también pretende optimizar los recursos de la Seguridad Social y mejorar la coordinación con los servicios médicos.

Las novedades que introduce la Seguridad Social

El mecanismo puesto en marcha contempla que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) emprenda la automatización del seguimiento de casos de doble o múltiple baja, con especial atención a procesos breves.

A partir de ahora, cuando se produzca esta recurrencia en un intervalo de doce meses, el sistema procederá a monitorizar a los empleados afectados. Este control se apoya en el nuevo Observatorio Estatal de la IT, que facilita el cruce de datos en tiempo real a fin de activar protocolos de revisión de manera ágil y preventiva. Se prevé que esta automatización incremente la capacidad de respuesta ante posibles irregularidades y reduzca los tiempos de tramitación de los expedientes.

El objetivo declarado de esta supervisión no pasa por aplicar sanciones a trabajadores que verdaderamente padecen una enfermedad. Por el contrario, la medida se centra en depurar el seguimiento para distinguir posibles situaciones de fraude y detectar aquellas patologías crónicas que no estén obteniendo el tratamiento o seguimiento adecuado. Además, se pretende reforzar la colaboración entre médicos de atención primaria y mutuas para afinar los diagnósticos y las recomendaciones de reincorporación.

Otra novedad relevante, cuya implantación coincide con el refuerzo de la vigilancia sobre las bajas reiteradas, es la negociación de las denominadas altas médicas progresivas. Estas permitirán que el retorno al trabajo se realice de forma escalonada, con lo que se pretende adaptar la reincorporación a las circunstancias del trabajador y potenciar la recuperación gradual.

Este plan, definido como “de choque” por las autoridades, persigue reducir un desembolso en prestaciones por IT que amenaza con resultar inviable para el presupuesto de 2026. Se prevé que la flexibilización en el retorno mejore tanto la salud laboral como la productividad.

Supervisión futura y contexto institucional

La combinación de fiscalización aumentada y estrategias de reincorporación progresiva representa el nuevo enfoque con el que el Gobierno pretende garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de bajas médicas. Los responsables del diseño e implementación de estos controles son, además de Elma Saiz, la ministra de Sanidad, Mónica García, principales gestoras en materia de salud laboral.

La apertura de protocolos de control para situaciones recurrentes, la implicación de varios ministerios y la activa utilización de datos en tiempo real marcan, por tanto, la hoja de ruta para afrontar el reto del gasto público sanitario. Este conjunto de medidas ha reiterado la procedencia y el alcance de la información que respalda este cambio normativo y ha sido recibido con interés por parte de las organizaciones empresariales y sindicales, que reclaman un análisis continuo del impacto de esta reforma.