Más de la mitad de los hogares que pueden solicitar el IMV no lo hacen: hay falta de información, dificultad burocrática y miedo a tener que devolver dinero

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) puede ser una salvación, pero también ha sido infierno. Esta ayuda se reparte en España desde 2020, y aunque es útil para un gran número de familias, otras han vivido situaciones verdaderamente terroríficas. Infobae ha recogido a lo largo de los años algunas de ellas. Por ejemplo, el caso de Vanessa Espinosa, de 39 años, que con dos hijos a su cargo la Seguridad Social le comunicó que debe devolver los 10.000 euros que cobró de esta prestación, o la de Adriana Vilanova, divorciada y con una hija menor de la que cuidar, a quien le reclamaron 7.000 euros por “cobros indebidos”.

Son tan solo dos casos de muchos parecidos. No es de extrañar entonces este dato que acaba de publicar la Autoridad Independiente Fiscal (Airef): solo dos de cada cinco hogares que cumplen los requisitos para recibir la prestación la solicitan. En un informe, la entidad asegura que en 2024 el 55% de los hogares elegibles no accedía al IMV, un fenómeno conocido como non take-up. La cifra apenas ha variado desde la puesta en marcha del programa hace ya más de cinco años: el problema no es coyuntural, sino estructural.

¿Y por qué hay familias vulnerables que no piden esta prestación? Uno de los puntos críticos identificados por la Airef es la persistencia de barreras de acceso que impiden a miles de familias dar el paso para solicitar el IMV. Entre los principales obstáculos destaca la falta de información clara y accesible sobre los requisitos, el procedimiento y los derechos asociados a la prestación. Las entidades mediadoras, que acompañan a los potenciales solicitantes en el proceso, subrayan que la complejidad del lenguaje administrativo y la escasa difusión de los canales de ayuda alimentan el desconocimiento y la desconfianza. En los grupos focales realizados por la Airef, la palabra “información” aparece de forma recurrente como el elemento más mencionado por las familias que no solicitan la ayuda.

El 68% de las denegacones son por empadronamiento

A este déficit se suma la dificultad burocrática para completar correctamente la solicitud y reunir toda la documentación exigida. El proceso requiere acreditar la unidad de convivencia, cumplir criterios estrictos de renta y patrimonio y superar controles cruzados entre Administraciones. El 68% de las denegaciones en 2024 se debieron a problemas con el empadronamiento o la definición de la unidad de convivencia, mientras que la falta de documentación completa representó el 13%. Estas trabas han ido ganando peso. Es necesario simplificar los procedimientos y adaptar los requisitos a la realidad de los hogares vulnerables, según la Airef.

En este sentido, encajan las palabras de Adriana Vilanova: “No es justo que nos den algo para luego tener que devolverlo, no tiene lógica. La Seguridad Social debería aclarar que se trata de un préstamo y ahí decides si lo aceptas o no. No sabía que era una entidad bancaria”, aseguró esta mujer indignada. Y aquí encaja también bien el tercer gran factor que frena la solicitud del IMV es el miedo a tener que devolver dinero en caso de errores, revisiones o cambios en la situación económica familiar.

El sistema actual calcula la cuantía de la ayuda a partir de los ingresos del año anterior, lo que genera frecuentes revisiones y solicitudes de reintegro si se detectan cobros indebidos. En 2024, el 68% de los hogares perceptores experimentaron modificaciones en la prestación tras la revisión de rentas, una volatilidad que socava la confianza en la estabilidad del ingreso y disuade a posibles beneficiarios de iniciar el trámite.

En qué comunidades autónomas se solicita más el IMV

El problema del non take-up no afecta por igual a todo el territorio. Comunidades como Principado de Asturias, Andalucía, La Rioja, Aragón y Extremadura presentan las tasas más bajas de hogares elegibles que no solicitan el IMV, mientras que Illes Balears, Cataluña y Castilla-La Mancha superan el 60%. A nivel municipal, provincias como Cuenca, Barcelona y Soria se sitúan a la cabeza en porcentaje de hogares que, pese a cumplir los requisitos, no han iniciado el proceso. El estudio de la Airef incorpora herramientas interactivas que permiten visualizar la distribución geográfica del fenómeno y clasificar las áreas con mayor margen de mejora, facilitando la toma de decisiones para orientar las campañas informativas.

El impacto de esta baja cobertura es especialmente significativo en el caso de la pobreza infantil. En 2024, el IMV y su complemento de ayuda para la infancia (CAPI) llegaron al 29% de los hogares con menores en situación de pobreza, aunque el potencial de cobertura supera el doble de ese porcentaje. La prestación reduce la tasa de pobreza infantil un 17,1% y la brecha de ingresos un 36,6%, cifras relevantes pero insuficientes frente a las necesidades detectadas.

A pesar de los avances logrados desde su creación, la AIReF identifica varias áreas de mejora para revertir la situación. Una de las propuestas fundamentales es implantar fórmulas de verificación automática de los requisitos de acceso, utilizando información actualizada de la Administración, como las bases de cotización mensuales o trimestrales, para adaptar la prestación a la realidad económica presente de los hogares. También se recomienda simplificar la definición de la unidad de convivencia y facilitar su acreditación mediante cruces de datos entre Administraciones.

Más información y acompañamiento

La Airef subraya la necesidad de reforzar las campañas de información y el acompañamiento personalizado a los potenciales beneficiarios. Las evaluaciones experimentales muestran que estas acciones pueden incrementar hasta un 11% el número de solicitudes en pocas semanas, demostrando la eficacia de la atención individualizada para romper las barreras de acceso.

Por último, el informe pone el foco en el diseño del incentivo al empleo, que hasta ahora no ha conseguido evitar el efecto desincentivador sobre la participación laboral de los perceptores. La reformulación de este incentivo, tomando como referencia modelos automáticos que premian la inserción laboral inmediata y la intensidad de la jornada, se plantea como un paso necesario para que el IMV no solo proteja de la pobreza, sino que facilite la inclusión social y laboral.

El diagnóstico es claro: el IMV ha supuesto un avance importante en la protección social, pero su eficacia está limitada por obstáculos burocráticos, falta de información y un diseño que aún no responde plenamente a la realidad de los hogares más vulnerables. Ahí queda el reto.