La Fiscalía Superior del País Vasco ha incoado diligencias de investigación para esclarecer la administración de vacunas caducadas por parte del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. La actuación del Ministerio Público tiene como objetivo determinar si los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra la salud pública, después de que el propio sistema sanitario vasco haya reconocido la inoculación de 262 dosis fuera de fecha a un total de 253 personas, en su gran mayoría bebés.
Según han informado fuentes de la Fiscalía a EFE, la apertura de diligencias busca acreditar la existencia o no de responsabilidades penales en un caso que ha tenido un amplio impacto sanitario, político e institucional en Euskadi. El inicio de la investigación se produce tras la confirmación oficial de Osakidetza de que se administraron vacunas caducadas en varios centros de la red pública, un extremo que obligó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco a revisar los protocolos de actuación y a adoptar medidas correctoras.
La Fiscalía analizará las circunstancias en las que se produjeron las administraciones, el alcance real de los hechos y si se vulneraron las garantías exigidas para la protección de la salud pública. Entre los aspectos a valorar se encuentra la gestión del lote afectado, los controles de caducidad y trazabilidad y la respuesta dada por el sistema sanitario una vez detectada la incidencia.
Revacunación parcial tras la revisión técnica
Paralelamente a la investigación fiscal, el Departamento de Salud ha anunciado que Osakidetza volverá a vacunar a 103 de las personas afectadas. Esta decisión supone una modificación del criterio inicial adoptado por las autoridades sanitarias vascas. En un primer momento, el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi recomendó revacunar a la totalidad de las 253 personas a las que se había administrado alguna dosis caducada, la mayoría de ellas menores incluidos en el calendario vacunal infantil.
Sin embargo, esta recomendación fue revisada después de que el Gobierno Vasco recibiera un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que introducía matices relevantes sobre la validez y la eficacia de las dosis administradas. A la vista de ese documento, el consejo asesor replanteó la estrategia y planteó limitar la revacunación a un grupo más reducido de afectados.
El nuevo análisis concluye que una parte significativa de los bebés recibió las vacunas cuando estas aún no estaban caducadas y que el resto fue inoculado cuando había transcurrido muy poco tiempo desde la fecha de caducidad, un margen que, según los expertos, no compromete la inmunidad generada. Por este motivo, las autoridades sanitarias consideran que la protección frente a las enfermedades incluidas en la vacuna está garantizada en la mayoría de los casos.
La vacuna hexavalente y los grupos afectados
Las dosis implicadas corresponden a la vacuna hexavalente, destinada a proteger frente a seis enfermedades potencialmente graves: difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B. En el calendario vacunal infantil, esta vacuna se administra en dos pautas: una primera dosis a los bebés de entre dos y cuatro meses de edad y una segunda dosis de refuerzo a los once meses. Además, también puede ser administrada a personas adultas con problemas inmunológicos en situaciones clínicas concretas.
De acuerdo con la información facilitada por el Departamento de Salud, la decisión de revacunar a 103 personas responde a un criterio de prudencia, especialmente en los grupos más vulnerables. Aunque la AEMPS llegó a plantear la revacunación solo de los adultos afectados, las autoridades sanitarias vascas han optado por ampliar esa recomendación a un número mayor de personas, en función del momento exacto en el que se produjo la inoculación y del grado de garantía de la inmunidad a largo plazo.
El propio Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi ha reconocido que, aunque es probable que la vacuna conserve su potencia durante un breve periodo tras superar la fecha de caducidad indicada, no se puede asegurar plenamente la protección sostenida en el tiempo en todos los casos, lo que justifica la revacunación parcial anunciada.
La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía añade un nuevo elemento al caso, que hasta ahora se había circunscrito al ámbito sanitario y administrativo. La investigación permitirá determinar si la actuación de Osakidetza se limitó a un error en la gestión de vacunas o si, por el contrario, pudo vulnerar de forma relevante las normas de protección de la salud pública. Mientras tanto, el Servicio Vasco de Salud mantiene su compromiso de contactar con las personas afectadas y de aplicar las medidas recomendadas por los organismos técnicos para garantizar la seguridad y la eficacia de la vacunación.
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