
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la contratación de un nuevo sistema para controlar a los agresores de violencia de género y sexual a través de medios electrónicos. Este contrato, que tiene un valor de 111 millones de euros, permitirá vigilar que se cumplan las órdenes de alejamiento y otras medidas de protección para las víctimas. La principal novedad de este nuevo contrato es que la mayoría de los dispositivos de control pasarán de ser pulseras a tobilleras electrónicas con el objetivo de fortalecer la protección de las víctimas y dificultar la manipulación de los dispositivos.
Se trata de una medida que busca aumentar la seguridad de las víctimas, ya que las tobilleras son más difíciles de manipular por parte de los agresores. Los nuevos dispositivos cuentan con materiales antivandálicos, mayor resistencia al agua, sensores de movimiento y temperatura, y sistemas de alerta mejorados, además de incorporar tecnología eSIM para evitar la extracción de la tarjeta electrónica, según ha informado en un comunicado el departamento que dirige Ana Redondo.
“Se va a apostar por un dispositivo de tobillera porque, según nos indican los técnicos, es un dispositivo mucho más fiable, menos manipulable y, por lo tanto, se incorporan también todos los mecanismos antivandálicos que van a permitir que sea mucho más seguro”, ha destacado la ministra.

Los fallos deberán resolverse en un máximo de 24 horas
El nuevo sistema contará con 17.660 dispositivos, con al menos 2.000 siempre disponibles para instalar en cualquier lugar del país en menos de 24 horas. Si un dispositivo se rompe o falla, deberá resolverse en un plazo máximo de 24 horas y las reparaciones por manipulación o avería no podrán demorarse más de tres meses, según ha indicado el ministerio. Además, el contrato permite reponer por separado los elementos del kit, como la tobillera, el teléfono o el cargador.
Las tobilleras de los nuevos dispositivos contarán con geoposicionamientos de manera autónoma, con lo cual se tendrá al agresor localizado incluso si deja intencionadamente el teléfono móvil en su domicilio, y se mejorará la seguridad criptográfica para que los dispositivos de la víctima y el maltratador estén permanentemente relacionados.
Se incorporarán igualmente mecanismos de seguridad para evitar la simulación, el falseamiento o manipulación de los datos que se envían desde los dispositivos al centro de monitorización y control de la sala COMETA, y se añadirá un sistema que genere una alerta adicional a las ya activas de proximidad, basada en la detección directa entre el dispositivo electrónico del agresor y el de la víctima vía bluetooth.
La sala COMETA, encargada de supervisar estos dispositivos, reforzará también su equipo con más personal de coordinación y apoyo psicológico, sumando ya 151 profesionales, ha asegurado Igualdad.
Cambios tras los fallos detectados
El anuncio de este nuevo contrato para la gestión de estos dispositivos se produce tras los fallos detectados hace unos meses en las pulseras telemáticas, lo que llevó al Ministerio de Igualdad a abrir dos investigaciones, una interna y otra externa, para aclarar los problemas. “Fuimos conscientes de que había que mejorar el contrato y de que había que incorporar aquellas mejoras derivadas de las investigaciones”, ha explicado Redondo, quien confía en que las nuevas herramientas permitan al servicio ser “mucho más eficaz y eficiente”.
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