Adif se negó a facilitar a un ciudadano información sobre los retrasos e incidencias en el Cercanías de Madrid

Adif, la empresa pública encargada de la gestión de la infraestructura ferroviaria, se encuentra en el epicentro de las críticas ante la “falta de transparencia” en su gestión de la crisis ferroviaria, especialmente tras las quejas de los maquinistas y los cambios de criterio en sus restricciones de velocidad.

El pasado diciembre, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno amonestó a Adif por su negativa a facilitar a un ciudadano información sobre funcionamiento del servicio de Cercanías en Madrid. Lo que este ciudadano anónimo solicitó era una radiografía completa de la red: incidencias, presupuestos, inversiones, puntualidad y otros asuntos como principales quejas y reclamaciones de usuarios. Transparencia ordenó al Gobierno entregar esa información, reconociendo el derecho de cualquier persona a conocer cómo se gestiona un servicio público que es utilizado por millones de viajeros.

Según la resolución, el pasado 28 de julio, Adif inadmitió la petición, alegando que lo requerido suponía una “carga de trabajo desproporcionada” y que la información, por su volumen y nivel de detalle, “no podía considerarse preexistente”, sino que obligaría a una reelaboración compleja; insinuando que el reclamante pretendía una auditoría particular y no un acceso legítimo a información pública.

Transparencia afirma que la información es de interés público

El solicitante, lejos de aceptar ese argumento, defendió que solo pedía datos ya generados y consolidados por la administración, en línea con lo dictado por la ley de transparencia. Adif insistió en que el volumen de datos exigía una labor “excesiva” de búsqueda y cruce de información que la ley no obliga a realizar, escudándose además en que parte de los datos “eran competencia de Renfe” y no a la entidad gestora de la infraestructura. El ciudadano, por su parte, rectificó su petición y pidió solo los datos básicos y consolidados de las incidencias anuales, presupuestos ejecutados, indicadores de puntualidad y correspondencia institucional.

Transparencia consideró que la administración no justificó de manera suficiente ni proporcionada la aplicación de los límites al derecho de acceso. Recordó que la ley obliga a interpretar de forma limitada las razones para rechazar una solicitud y que la información pedida es de interés público, ya que permite revisar cómo se usan los recursos del Estado y la calidad de los servicios que afectan a millones de personas.

Así, la resolución, obligó a Adif y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a entregar, en el plazo de diez días hábiles, la información concreta solicitada, remitiendo con copia de esos documentos al propio Consejo de Transparencia.

Cercanías, un frente abierto entre Madrid y Moncloa

El estado de los trenes de Cercanías en la capital ha sido en los últimos años uno de los frentes abiertos entre la Administración Central y el gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, quien ha criticado en varias ocasiones los “retrasos y averías” que, dijo textualmente, “mantienen secuestrados a los madrileños en su día a día, que no saben si van a poder llegar a tiempo al trabajo o a sus quehaceres diarios”.

Uno de los momentos más tensos se vivió el pasado 27 de octubre, cuando un tren de Cercanías descarriló en San Fernando de Henares y dejó a seis heridos, además de provocar retrasos y detenciones en las líneas C-2, C-7 y C-8. Ayuso salió del paso para apostillar que era “la viva imagen de la gestión” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la región. Un año antes, el ministro de Transportes Óscar Puente, presumió de la puntualidad de sus trenes en la capital, que según dijo era del 95,72%, la más alta de la Unión Europea y de ciudades como Londres o París.

El Tribunal de Cuentas denunció la opacidad de Adif en la adjudicación de contratos

El Tribunal de Cuentas ya denunció hace un mes esta falta de información, aunque esta vez se refirió a la adjudicación de contratos, concretamente, por alterar “sin motivos ni justificación” la puntuación de los criterios subjetivos que determinan las adjudicaciones de contratos públicos para favorecer a empresas.

En su informe fiscal de 2025, el Tribunal de Cuentas señaló que “las actuaciones llevadas a cabo por Adif con motivo de las denuncias presentadas en los canales éticos carecen del rigor que sería exigible a la vista de la gravedad de los hechos”.

Por su parte, fuentes de Adif consultadas por Infobae defendieron que la compañía aplicó, como entidad pública empresarial, “todos los procedimientos establecidos en el marco normativo de la contratación pública”. Asimismo, añadieron que “en todo proceso de licitación la evaluación de las ofertas corre a cargo de técnicos especializados, que analizan y valoran dichas ofertas conforme a los criterios establecidos en el pliego”.