El juez de la Audiencia Nacional prorroga un mes más el secreto sobre los pagos en efectivo del PSOE

La Audiencia Nacional ha acordado prorrogar durante un mes más el secreto de la pieza separada en la que se custodia la documentación aportada por el PSOE sobre sus pagos en metálico entre los años 2017 y 2024, todo ello concentrado en un pendrive. La decisión ha sido adoptada por el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, según han informado fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

El magistrado ya había decretado el pasado mes de diciembre el carácter secreto de esa información durante al menos un mes. Ahora, ha decidido ampliar ese plazo por el mismo tiempo, atendiendo a las circunstancias de la investigación y al contenido de la documentación remitida por el partido. La nueva fecha se dibuja ahora, en teoría, en febrero.

Con ello, Moreno pretende esclarecer si existieron irregularidades en los pagos en metálico efectuados por el partido entre esos siete años y determinar si estos movimientos esconden actos de financiación ilegal, blanqueo de capitales o desviación de fondos

Para declarar secreta esta pieza separada, Moreno tuvo en cuenta la “gravedad” de los hechos investigados en el ‘caso Koldo’, así como el tipo de diligencias que se están practicando y el carácter especialmente sensible de la información aportada, calificada como de “carácter reservado”, de acuerdo con varias resoluciones judiciales a las que tuvo acceso el citado medio.

Demostrar o desmontar la presunta financiación ilegal

El juez explicó que los datos afectan a cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios del PSOE, lo que justificaba, a su juicio, que se estimase “racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto mientras se practican las diligencias de investigación pendientes”.

En una de sus resoluciones, el instructor subrayó que “la exclusión de la publicidad de las actuaciones no puede contemplarse como un límite a la libertad de información, sino, más amplia y genéricamente, como un impedimento al conocimiento, por parte de cualquiera, de las diligencias judiciales practicadas en la fase de instrucción”. Añadió, además, que esta medida está amparada “en la exclusiva finalidad de asegurar la efectiva represión del delito, concepto de ineludible valor y alcance constitucional que se antepone incluso a los de las partes en el proceso, con la única excepción del Ministerio Fiscal”.

La documentación fue entregada por el PSOE el pasado 16 de diciembre en un USB y afectaba a “todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios”.

El magistrado acordó el pasado 26 de noviembre abrir una pieza separada para investigar estos pagos en efectivo, a petición del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que también instruye la causa principal. Puente puso énfasis en cantidades que “que no constarían, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por el PSOE en la causa”. De la misma manera, este sospecha de “blanqueo y financiación irregular”. En el marco de esta investigación, la Fiscalía Anticorrupción apuntó igualmente a la posible existencia de un delito de desfalco contra la formación política, además de otras irregularidades relacionadas con la gestión de fondos.

Asimismo, los socialistas solicitaron que la información aportada quedara incorporada en una pieza separada secreta, con acceso limitado al juzgado, a la Fiscalía y a los investigadores, al considerar “notorio” que el PP y el resto de acusaciones populares incumplen, a su juicio, la obligación legal de reserva sobre las actuaciones.