
Un tribunal de París acaba de negar el recurso presentado por el propietario de un barco-vivienda que permaneció durante un largo periodo amarrado en L’Île-Saint-Denis, en la región metropolitana de la capital francesa. El caso, inusual por su desenlace, deja en claro el alcance de las normas sobre el uso del espacio fluvial en la zona.
La controversia se inició cuando el prefecto de la zona declaró que el barco estaba “abandonado” y procedió a “transferir su propiedad de manera gratuita” a la agencia nacional de vías navegables, Voies Navigables de France (VNF). Esta decisión se fundamentó en el hecho de que la embarcación Pointe Noire estaba fondeada “sin derecho ni título” sobre la margen derecha del brazo secundario del río Sena.
El propietario, decidido a recuperar su nave, aseguró contar con “la prueba” de que el barco estaba “mantenido” y “vigilado”. Entre los documentos presentados figuraban facturas y certificados, además del argumento de que alojaba “de manera gratuita” a una pareja en el interior del barco. Su abogado sostuvo que las autoridades debían haber optado por una sanción administrativa menor y no por la declaración de abandono, insistiendo en que “el prefecto debió imponer una multa por uso indebido de la vía pública y no declarar el abandono del barco”. El asunto llegó al tribunal administrativo de Montreuil, que en octubre de 2023 rechazó el primer recurso. Esto llevó al demandante a presentar una apelación ante la corte administrativa de París.
En su fallo, los jueces analizaron detalladamente las pruebas aportadas. Por ejemplo, la pareja alojada por el propietario tampoco fue considerada suficiente prueba de vigilancia. El tribunal fue claro al afirmar que los ocupantes “no pueden ser considerados como vigilantes del barco”, y que “ningún propietario, conductor o vigilante se encontraba a bordo el día de la inspección”.
“Si el barco no se mueve...”
Uno de los argumentos del propietario fue que su embarcación había sido trasladada desde Seine-Saint-Denis hasta Seine-et-Marne a raíz de una orden prefectural dictada el 12 de abril de 2024. No obstante, el tribunal puntualizó que “si el solicitante argumenta que su barco fue desplazado de Seine-Saint-Denis a Seine-et-Marne en aplicación de la orden del prefecto, tal desplazamiento no constituye una maniobra de navegación”. El propio demandante había admitido que “si el barco no se mueve, es porque se trata de un barco-vivienda amarrado durante un largo periodo”.
La resolución de la corte administrativa de París confirma así la decisión del prefecto y consolida la transferencia de la propiedad a Voies Navigables de France. El caso ilustra el grado de exigencia de las autoridades en materia de ocupación de espacios públicos y la importancia de mantener una documentación clara y coherente para quienes residen en embarcaciones. La sentencia remarca que “las pruebas aportadas no bastan para acreditar la vigilancia y el mantenimiento del barco”, así como que “la presencia de ocupantes gratuitos no equivale a la de un responsable legal o vigilante efectivo”.
Mientras tanto, el Pointe Noire permanece bajo control de la agencia estatal, cerrando un episodio que, según los jueces, “no presenta elementos que permitan considerar que la embarcación haya dejado de estar en situación de abandono” al momento de la intervención.
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