Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

El Gobierno ha presentado un nuevo modelo de financiación autonómica que busca aumentar los recursos de todas las comunidades, reducir las desigualdades territoriales y reforzar la autonomía fiscal regional. La propuesta, adelantada por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, plantea un aumento histórico de los recursos del sistema, que aportaría 20.975 millones de euros adicionales en 2027 a las comunidades de régimen común, alcanzando un total de 224.507 millones.

Sin embargo, la reforma llega en medio de un intenso debate político. El Partido Popular y varias comunidades autónomas critican la redistribución y el pacto alcanzado con ERC, que garantiza recursos adicionales para Cataluña. Por su parte, los independentistas consideran que se protege la financiación catalana sin perjudicar al resto, mientras otras regiones denuncian que la igualdad interterritorial podría verse comprometida. Para Montero, la medida busca un equilibrio que beneficie a todas las comunidades, pero las críticas políticas anticipan que la aprobación en el Congreso podría no ser sencilla.

El Gobierno se enfrenta ahora a un largo proceso de negociación con las comunidades y partidos para lograr la aprobación de la propuesta en el Consejo de Ministros y su posterior tramitación como proyecto de ley orgánica en las Cortes, aunque los desacuerdos políticos ponen en duda su viabillidad. Si el Ejecutivo logra sumar el apoyo necesario, el nuevo modelo entrará en vigor en 2027.

Desde dónde llega la nueva financiación

El incremento de 20.975 millones de euros se distribuye en varias partidas. La mayor parte, unos 15.756 millones, proviene de una mayor cesión de los impuestos de IRPF e IVA. A ello se suman 2.084 millones procedentes del IVA generado por pymes, 1.004 millones destinados a un fondo climático y 404 millones del mecanismo de statu quo, que garantiza que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el modelo anterior.

Estas cifras reflejan un aumento significativo de los recursos autonómicos, que, según Hacienda, permitirá reforzar servicios esenciales como sanidad, educación y políticas sociales, así como garantizar una mayor equidad entre territorios.

Cómo se reparte el incremento

El nuevo modelo se basa en población ajustada y mecanismos de nivelación horizontal y vertical, que permiten que las regiones con mayor capacidad tributaria aporten más y las de menor capacidad reciban apoyo adicional.

Los incrementos previstos para 2027 beneficiarían principalmente a Andalucía, con 4.846 millones de euros adicionales, y Cataluña (+4.686 M€), seguidos de la Comunidad Valenciana (+3.669 M€) y Madrid (+2.555 M€). Asturias y la Rioja, por otra parte, serán las autonomías donde menos aumente la financiación, con 248 millones y 25 millones de euros, respectivamente.

Por su parte, Cantabria y Extremadura no aumentan su financiación por esta vía, pero se benefician de ajustes adicionales de 46 millones y 216 millones, respectivamente, por el fondo statu quo, que asegura que ninguna comunidad vea reducida su financiación respecto al sistema vigente. Las cuentas de Navarra y País Vasco no se ven afectadas por la nueva propuesta, al contar ambas comunidades con un régimen fiscal distinto del resto de España.

Un modelo que pretende reducir las diferencias entre comunidades

Uno de los objetivos centrales de la reforma es reducir la brecha de financiación por habitante ajustado entre las comunidades. Actualmente, la diferencia entre la región con más recursos y la que menos tiene alcanza 1.500 euros por habitante. Con el nuevo modelo, el Ministerio de Hacienda estima que la diferencia se reduciría a 477 euros antes de aplicar el statu quo y a 700 euros tras la corrección, lo que supone prácticamente la mitad del diferencial existente.

La cartera de Montero también prevé habilitar un tramo específico en el Fondo de Compensación Interterritorial para garantizar aportaciones adicionales a las comunidades que se sitúen por debajo de la media de financiación por habitante. Según la ministra, esta medida tiene una lógica económica clara: las regiones con menos recursos son menos dinámicas y requieren más inversión para impulsar su crecimiento, además de mejorar la prestación de servicios esenciales mediante infraestructuras y políticas sociales.

Más autonomía fiscal para todas las regiones

El nuevo modelo también busca reforzar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, permitiendo controlar de manera directa un porcentaje mayor de los impuestos que se generan en su territorio y asumir una mayor responsabilidad sobre la gestión de sus recursos. La cesión de impuestos se eleva tanto en el caso del IRPF, que pasa del 50% al 55%, como en el del IVA, que va del 50% al 56,5%. Esto significa que las regiones retienen más dinero y pueden decidir cómo asignarlo a sus servicios públicos esenciales sin depender de transferencias discrecionales del Estado. Además, se incorporan a la cesta de impuestos cedidos figuras como el Impuesto sobre Patrimonio, los Depósitos bancarios, las Actividades del juego y los Residuos.

Una de las medidas operativas que ofrece un nivel adicional de autonomía es la opción de que las comunidades abandonen el sistema de entregas a cuenta y pasen a recaudar en tiempo real el IRPF y el IVA. Las regiones que opten por este sistema recibirían los ingresos mensualmente, igual que el Estado, y deberán permanecer en él un mínimo de cinco años.